Los expertos

            El pasado 14 de junio,  viernes, se presentó con toda solemnidad el “Informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”. En la intervención del presidente del susodicho comité, me llamó la atención el énfasis con el que el presidente resaltaba que el informe era un informe técnico, no político.

 Dr. Víctor Pérez Díaz, presidente del comité de expertos

            Es cierto que, en el mismo acto, se dijo que el informe era sólo una propuesta y que, a partir de ahora se abre “un horizonte de decisiones políticas”, pero muy pronto el gobierno, por boca de la ministra de Empleo y Seguridad Social situó en primera línea ese, digamos presunto, carácter técnico del informe al afirmar que se trata de un documento “honesto y técnicamente robusto”.

            No es mi intención hacer un análisis del contenido de este documento ni mucho menos de sus aspecto técnico y económico. Ya he dejado claro que “yo no soy economista”. Pero sí quisiera ofrecer una reflexión acerca del recurso cada vez más utilizado por este gobierno de acudir a los comités de expertos, que se presentan con un carácter  científico y técnico, políticamente neutral para ofrecer a la sociedad toda y nada más que su mucha ciencia. Y de forma intelectualmente desinteresada.

            Este es el segundo comité de expertos que asesora al gobierno sobre reformas de importancia: el 12 de febrero de este mismo año otro comité entregaba al ministro de Educación un informe con propuestas para la reforma de las enseñanzas universitarias.

            Y se anuncia un tercero, anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que asesorará al Gobierno en materia de impuestos.

            ¿A qué viene tanto comité? ¿No tiene la administración del Estado funcionarios expertos en las distintas materias? ¿No tienen ya los ministros suficientes asesores fijos y bien pagados en sus respectivos ministerios?

            En realidad los comités de expertos sirven de poco; nuestros gobernantes ya saben -aunque dijeran lo contrario en la campaña electoral- lo que quieren hacer con las pensiones, con la educación pública, con la sanidad y con los impuestos. Sus verdaderas intenciones ya están formuladas en las recomendaciones de las instituciones europeas, el FMI, el Banco Central Europeo... la troika, dócilmente incluidas en los distintos planes de reformas iniciados con el gobierno anterior y agravados -sí, van a agravar los males de la sociedad española-  en los del presente. Por eso, cuando lo que dicen los expertos no interesa, se hace lo contrario: véase en este enlace un ejemplo: Wert decide hacer lo contrario de lo que le recomiendan los expertos en materia de becas.

            Entonces, ¿qué sentido tiene esta multiplicación de comités de expertos?

¿Quién sigue a quien?

            Jürgen Habermas, ya en 1968 estableció sólidamente la afirmación de que no existe conocimiento desinteresado, sino que el conocimiento humano se configura necesariamente de acuerdo a los intereses del conocimiento: el técnico, propio de las ciencias  de la naturaleza y técnicas que se expresa con su lenguaje propio, fisicalista (medidas, datos..), el práctico, propio de las ciencias sociales y humanas que se traduce en un lenguaje intencional, (categorías morales, libertad, justicia...). No existe, dice Habermas, una “teoría pura”, como estos comités de expertos nos quieren hacer creer, es más «Que el interés sea reprimido [esto es, ocultado, disimulado] es algo que sigue formando parte de este mismo interés.» (Ciencia y técnica... 167) ^1.

            Explica Habermas que en la pretensión, digamos intelectualmente honesta, de una teoría pura, pretensión característica de la filosofía clásica, se escondía un tercer tipo de interés: el de encontrar en el contexto del orden cósmico el prototipo para la ordenación del mundo humano (Ciencia y técnica... 167), que será lo que él llamará enseguida el interés emancipativo. Ese interés debe estar explícitamente presente en las ciencias orientadas hacia la crítica de la realidad y que, a partir de la reflexión sobre el hombre mismo, se encaminan hacia la liberación de todas las situaciones de dominación. De este modo, las ciencias de la acción (economía, sociología, política...), que deben tener esta orientación crítica, deben elaborar sus teorías expresa y manifiestamente para desbrozar el camino a la humanidad hacia un orden vital en el que las personas se vean libres de lo que el autor llama poderes hipostasiados, fuerzas de dominación que están por encima y fuera de control de los individuos.

            Con esto llegamos a una primera conclusión: el comité de expertos presenta su informe como una teoría pura, neutral, que obedece a leyes científicas ajenas a cualquier tipo de interés. Pero esa pretendida neutralidad esconde el verdadero interés: reprimir el interés emancipativo. Hablando con claridad: el pretendido desinterés de estos informe esconde el interés por mantener el dominio de los poderes financieros sobre la sociedad. Por eso se oponen o desprecian otras teorías que, con el mismo o aún mayor rigor científico, se presentan sin esconder el interés con el han sido elaboradas, tratando de empujar a la sociedad hacia un orden más justo, más equitativo, más verdaderamente humano.

            Prueba de esto es la composición del comité y las relaciones de sus miembros con la banca y las compañías de seguros. He aquí la primera razón por la que el presidente del comité de expertos en pensiones ponía tanto énfasis al afirmar que su informe era técnico, no político. Aunque no deje se resultar sorprendente ver al pie de dicho informe la firma de algún miembro ligado a los sindicatos.

            La verdadera utilidad de estos comités es hacer uso de la ciencia, del presunto conocimiento y de la técnica para justificar las decisiones políticas y, sobre todo, la desigualdad y la injusticia, es decir usar la ciencia como instrumento de legitimación de la opresión.

            H. Marcuse y J. Habermas analizan los instrumentos de legitimación de la dominación en un momento en que en los países más desarrollados el proceso de crecimiento parecía imparable. El primero en El hombre unidimensional y el segundo en Conocimiento e interés y en Ciencia y técnica como “ideología” ponen de manifiesto que, para legitimar la dominación que los poderes político y económico ejercen sobre la mayoría de la sociedad, ya no se utiliza el recurso al carácter natural de las leyes de la economía -en esa época, en los Estados más avanzados de Europa, en los que gobernaban partidos socialdemócratas la intervención estatal en la economía tenía un peso decisivo- sino la racionalidad de las decisiones que se adoptaban. Estas decisiones no podían ser otras, sino que venían exigidas por su carácter racional. Esto suponía sustraer a la sociedad el debate político, la discusión acerca de las decisiones que el poder adoptaba especialmente en el ámbito de la economía: estas decisiones son las que exige la ciencia y es, por tanto, a los científicos a quienes compete indicar  cuales deben ser estas. De esta forma, «...la fuente tangible de explotación desaparece detrás de la fachada de racionalidad objetiva. ... y el velo tecnológico oculta la reproducción de la desigualdad y la esclavitud» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 62)². Marcuse, dice Habermas está convencido de que «en nombre de la racionalidad lo que se impone es una determinada forma de oculto dominio político» (Ciencia y técnica... 54)

            En la época en la que escribía Marcuse el progreso parecía imparable. El mundo desarrollado estaba rehaciéndose del desastre de la segunda guerra mundial y el futuro siempre aparecía como algo mejor que el presente y, por supuesto que el pasado. Pero su razonamiento me parece que sigue siendo perfectamente válido: «Hoy, la dominación se perpetúa y se difunde no sólo por medio de la tecnología sino como tecnología, y la última provee la gran legitimación del poder político en expansión, que absorbe todas las esferas de la cultura.

            En este universo, la tecnología también provee la gran racionalización para la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad «técnica» de ser autónomo, de determinar la propia vida. Porque esta falta de libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien como una sumisión al aparato técnico que aumenta las comodidades de la vida y aumenta la productividad del trabajo. La racionalidad tecnológica protege así, antes que niega, la legitimidad de la dominación y el horizonte instrumentalista de la razón se abre a una sociedad racionalmente totalitaria.» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 186).

            A partir de estas ideas de Marcuse, Habermas, en la misma línea llega a la conclusión de que, en las sociedades de capitalismo avanzado la Ciencia y la Técnica son la nueva ideología que legitima el poder político opresor. La Ciencia y la Técnica favorecen una permanente y constante revalorización del capital, lo que permite una elevada tasa de crecimiento económico lo que, a su vez, favorece un fuerte incremento del consumo y esto es lo que las masas quieren, ose les hace querer. El desarrollo científico aparece así como la variable de la que depende todo lo demás por lo que no tiene sentido someter a discusión en el ámbito de la ética o la política las decisiones que se deben tomar en el ámbito institucional y las masas quedan despolitizadas: «La despolitización de la masa de la población, que viene legitimada por la conciencia tecnocrática, es al mismo tiempo una objetivación de los hombres en categorías tanto de la acción racional con respecto a fines como del comportamiento adaptativo: los modelos cosificados de la ciencia transmigran al mundo sociocultural de la vida y obtienen allí un poder objetivo sobre la autocomprensión. El núcleo ideológico de esta conciencia es la eliminación de la diferencia, entre práctica y técnica —un reflejo, que no concepto, de la nueva constelación que se produce entre el marco institucional depotenciado y los sistemas autonomizados de la acción racional con respecto a fines.» (Ciencia y técnica... 99 -el subrayado es mío).

            Si en la época de Marcuse y de Habermas el incremento del consumo, la aspiración a tener más y consumir más era lo que favorecía la despolitización de las masas y la utilización de la Ciencia como ideología, ahora se pretende lo que juegue ese papel sea el miedo a perder lo que se tiene: miedo a que el país entre en bancarrota, miedo a que se venga abajo el sistema de pensiones, miedo a que sea imposible mantener el sistema de salud..., miedos todos ellos que encuentran su fundamento en los informes “desinteresados”de los expertos.

  

¿Para  quién, para qué trabajamos?

          Y esta es la segunda conclusión: los comités de expertos no son más que una añagaza, un truco para arrebatar a la sociedad el debate sobre sus propios problemas y la capacidad para escoger las soluciones a los mismos. Si el problema es un problema científico, dejemos a los sabios que hablen y adoptemos sin más crítica la decisión que ellos nos ofrezcan. Ni la política ni la ética (la dimensión práctica en palabras de Habermas) tienen nada que decir. Y, elegidos “bien” los expertos, acabarán diciendo lo que al poder financiero le interesa. Como decía José Luis Sampedro, «hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos sean más ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres». 

            En este sentido es significativo el punto de vista del único miembro del comité de expertos sobre pensiones que se ha opuesto al informe final que califica las propuestas de dicho informe, en caso de que se pusieran en práctica, como un fraude social intolerable y, al mismo tiempo, pone en duda la posibilidad de un informe desinteresado sobre las pensiones.

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1. Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 1984.

2. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993

Que alguien me lo explique

    Desde hace unos días no se deja de hablar de las transaciones que no realizó la infanta Cristina y que Hacienda incluyó en un informe que remitió al juez del caso Noos.
    Los expertos en estos asuntos llevan días devanándose los sesos para encontrar una explicación a esta equivocación. La más citada es el error al consignar el número del DNI de los intervinientes en estas operaciones de compra venta de campos, casa y solares, calculando la probabilidad de que un error de estas características pueda producirse.
    Pero yo sigo haciéndome una pregunta ¿Cómo es posible que se produzca el error al registrar un hecho que no se ha producido?
    Me explico. Según las informaciones de los medios de comunicación, estas fincas (al menos algunas de ellas) son propiedad de sus dueños desde hace más de 100 años y, por tanto, no se vendieron ni se compraron en los años a los que se refiere el informe de Hacienda. En algún informativo de televisión se han mostrado las escrituras de alguna de estas fincas, fechadas en los comienzos del siglo pasado. Entonces, ¿cómo se pudo alguien equivocar y consignar el DNI de la Infanta al registrar un hecho que no se había producido y que, no debería haberse registrado? Y eso ¡en trece ocasiones!

    ¿Le querrán tomar el pelo a alguien? ¿Tal vez al ministro?

    Parece que la culpa se la van a echar encima a los registradores de la propiedad y a los notarios. Pero, que yo sepa, los notarios dan fe de las operaciones que se realizan, no de las que no se producen; y los registradores registran los cambios de propietario de las fincas pero nada registran cuando nada cambia. Y de las operaciones que se realizan, es decir, de las que son reales, dan cuenta a Hacienda.

Pero ¿que sentido tiene que le comuniquen a Hacienda hechos que no se han producido?
    ¿Le querrán tomar el pelo a alguien? ¿Tal vez al ministro?
    Que alguien me lo explique, por favor.

Puesto que se puede, pero no quieren...

           Cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó su campaña conocida con esa palabreja que da título a esta entrada, y sólo con la información primera proporcionada por los medios convencionales, pensé que deberían evitar la visita a los domicilios particulares. Al escuchar las explicaciones de los representantes de dicha organización y, al ver al mismo tiempo las reacciones de los bien-pensantes de este país -bien-pensantes de derecha y de otros partidos que se llaman de izquierda- he concluido que no es justo hacer ningún reproche serio a esta campaña.

            De todas formas, no voy a defender los escraches. Ya se defienden y con sólidos argumentos los miembros de la PAH. Lo que pretendo es proponer algunas sugerencias a sus “víctimas” para que puedan neutralizarlos democrática y civilizadamente (y no como propone un tal Sigfrid Soria, que parece muy enfadado).

            Aquí van algunas sugerencias:

1.         En primer lugar, los parlamentarios del PP y de los demás partidos parlamentarios podrían aceptar -todavía están a tiempo- la invitación de la PAH: acudan a sus reuniones, escuchen las historias reales que les quieren contar los protagonistas de esta continuada  tragedia que son los desahucios, acérquense a sus representados y, después de conocerlos a ellos y sus problemas, represéntenlos de verdad.

2.         En segundo lugar, podrían invitar a los promotores de la ILP para que hablaran en el parlamento, para que participaran de algún modo en los debates de la ILP y se dirigieran a los parlamentarios y les explicaran las razones por las cuales defienden las medidas incluidas en la iniciativa. Nada más democrático que esto: que los representantes del pueblo escuchen las razones de algunos miembros de ese pueblo, más aun si esos ciudadanos están respaldados por 1.500.000 firmas de otros tantos miembros de ese pueblo al que los parlamentario dicen y están obligados a representar.

3.         Otra medida que podrían implantar: hacer público un horario de atención al votante y habilitar un lugar en sus respectivas circunscripciones para atender a los ciudadanos a quienes dicen representar. Y, lógicamente, obligarse a estar presentes y a atender en ese horario a quienes les solicitaran una entrevista.

            Con cualquiera de estas medidas, quedarían sin justificación esas actividades que a los parlamentarios del PP y a tantos bien pensantes de nuestro país les parecen improcedentes. A mí mismo me parecería un error acudir a los escraches para informar a los parlamentario si los estos aceptaran recibir la información por alguno de los medios anteriormente descritos.

            Pero en lugar de adoptar alguna de estas medidas, las fuerzas vivas de nuestro país han optado por desacreditar a los líderes de esta organización: son violentos, usan medios parecidos a los de los terroristas de ETA e, incluso, apoyan a los amigos de ETA. Y esto con referencias estrictamente personales, como hicieron la delegada del gobierno en Madrid y otros dirigentes del PP.

            Esto sí que responde a una estrategia perversa, pero que entra en la lógica de esta manera de ejercer el poder: se gobierna mejor contra los violentos. Se justifica mejor la injusticia cuando esta se ejerce contra los violentos. Por eso se exagera la más mínima salida de tono, o se tergiversa malintencionadamente cualquier declaración o, simplemente, se confunde intencionadamente.

            Hace unos días, en un programa de televisión, los tertulianos profesionales -¡incluso los que se presentaban como progres !- aconsejaban o exigían a los representantes de la PAH que abandonaran los escraches, que no se acercaran a los domicilios particulares de los parlamentarios, que, si seguían haciéndolo perderían toda la razón que tienen y que ellos -¡incluso los tertulianos más conservadores!- afirmaban compartir. Pero, ¿cómo se va a perder la razón? El sufrimiento de los desahuciados, el dolor de los que han sido puestos en la calle siguiendo un procedimiento que recientemente ha sido declarado ilegal, el derecho a una vivienda digna reconocido en la Constitución Española que dice literalmente en su artículo 47 que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.» ... esa razón ¿cómo la van a perder?

            ¿Cómo van a perder la razón, si se trata de un derecho inherente a hecho de ser persona, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en sus artículo 25.1 dice:  «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.»?¹

            Pero es que, además, las acusaciones de los bien-pensantes son falsas: entregar una carta en el domicilio de un parlamentario o poner pegatinas en su puerta recordándole que SÍ SE PUEDE legislar en favor del pueblo  ESO NO ES VIOLENCIA. Y no ha sucedido nada más que eso, aunque los voceros del PP se empeñen en hacernos creer lo contrario. Quizá algún grito poco afortunado... nada más. Y nada menos. Pero hay que presentar al enemigo como perverso para poder así justificar la propia perversión².

            Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Refiriéndose a los desahucios, que afectan a muchos de sus compatriotas, inmigrantes en España, dijo algo que parece una obviedad: la tarea de gobierno consiste en armonizar la posibilidades y las necesidades de una sociedad; no tiene, por tanto, sentido que en la sociedad española se produzcan decenas de miles de desahucios mientra hay millones de viviendas vacías.

            Pero al gobierno español no le hacen falta recomendaciones de nadie. Le bastaría con ejecutar lo que manda la constitución, pues esa es la función del gobierno, del ejecutivo: ejecutar las leyes. Y si no...

            «Hay una manera más en la que un gobierno de este tipo puede disolverse, y es cuando el que tiene el supremo poder ejecutivo descuida abandona ese cargo, de tal modo que las leyes que ya han sido hechas dejan de ponerse en ejecución. Esto resulta en una palmaria y total anarquía que equivale a una completa disolución del gobierno. Porque las leyes no se hacen para sí mismas, sino para ser, mediante su ejecución, los lazos que sujetan a la sociedad y que mantienen en su lugar y función debidas a cada miembro del cuerpo político.»³

Por eso quiero, para terminar, hacer una última sugerencia:

            Dado que parece que no pueden, no saben o no quieren cumplir con lo establecido en nuestra “Carta Magna”, dado que consideran que el haber ganado las elecciones y, gracias a una ley electoral perversa, haber  han conseguido la mayoría absoluta,  les da derecho a legislar sin tener en cuenta el verdadero sentir del pueblo y están convencidos de que, como declaró el presidente del gobierno, que “aunque están haciendo lo contrario de lo que prometieron hacer, están haciendo lo que consideran que es su deber”, deberían aprender de la muy denostada por ellos democracia venezolana y aprobar una ley que permitiera a los ciudadanos exigir, en la forma y según el procedimiento que se estableciera legalmente, la convocatoria de un referendum para revocar el mandato de quienes pueden haber perdido la confianza que se les otorgó por estar traicionando en su acción de gobierno las promesas que hicieron en campaña electoral.⁴

            Atrévanse. Si son verdaderamente demócratas, denle la palabra al pueblo; sin trucos. Y obedezcan al pueblo cuando éste se exprese.

            Seguro que si existiera esta posibilidad los participantes en los escraches, en lugar de ir a “molestar” a los parlamentarios a la puerta de su casa o a cualquier otro sitio, preferirían dedicar su esfuerzo a promover una consulta de este tipo, un referendum revocatorio, para que la ciudadanía los mandase definitivamente ...a casa.

P.D.

             Cuando terminaba de escribir estas reflexiones, me ha llegó por correo-e la invitación a unirme a la petición para que le sea concedido el próximo Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La propuesta la ha hecho Federico Mayor Zaragoza, que ostentó, entre otras responsabilidades, las de Rector de la Universidad de Granada, Ministro de Educación y Director General de la UNESCO.

            Por supuesto que me he adherido a la petición. Los que así lo deseen pueden firmar la propuesta pulsando en este enlace.

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1.          Está claro que la inviolabilidad del domicilio, también recogida en la Declaración y en nuestra constitución es una garantía fundamental del sistema democrático. Pero, en buena lógica, el derecho a poseer un domicilio tiene que ser anterior; y es ese derecho el que defienden los que practican los escraches. Y, además, no hay ningún caso en el que se pueda decir que se ha atentado contra la inviolabilidad del domicilio.

2.          Siempre que se produce un intento de criminalizar a los que protestan contra las injusticias perpetradas  por el poder -político, económico o de cualquier otro tipo- me vienen a la memoria algunas estrofas de una canción que yo escuché en mis años de estudiante en el extranjero. La cantaba Soledad Bravo, aunque después supe que su autor era un cantautor español, Chicho Sánchez Ferlosio:

Nos juzgan y condenan

en nombre de la paz

cada vez que pedimos

justicia y libertad.

Pero la paz tú eres

y con ellos no estás,

que vuelas con nosotros

paloma, paloma de la paz.

3.  John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil  § 219. Cito esta obra de Locke no porque yo comparta todas sus ideas, que en su momento constituyeron, sin duda, un avance importante, sino porque nuestros gobernantes se autodenominan “liberales”. Y ya quisiera yo que su liberalismo se acercara algo al del que muchos consideran padre del liberalismo político.

4.          Esta medida, recogida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 72 no es una medida inspirada en ningún revolucionario de extrema izquierda. Su justificación teórica está ya contenida en el § 240 del citado Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke: «Es probable que en este punto surja la pregunta acostumbrada: ¿Quién podrá juzgar si el príncipe o el cuerpo legislativo están actuando en violación de la con fianza que se depositó en ellos? ... Y, respondo: el juez habrá de ser el pueblo; pues ¿quien podrá juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha encomendado, sino aquél que le ha encomendado la misión y conserva todo el poder de destituirlo cuando el depositario del encargo no lo cumpla? Si esto resulta razonable cuando se trata de casos entre individuos privados, ¿por qué no habrá de ser también así en asuntos de máxima importancia en los que el bienestar de millones puede ser afectado y en los que el mal, si no es evitado, es mucho mayor, y la reparación es muy difícil, costosa y arriesgada?»

BANDOLEROS o SORELODNAB

            La acción realizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en dos supermercados andaluces ha puesto encima de la mesa el debate acerca de lo que es legal y lo que es legítimo en estos momentos de crisis.

            El positivismo jurídico afirma que no hay diferencia entre lo legal y lo legítimo; la legalidad, por sí sola, es ya fuente de legitimidad; todas las leyes serían legítimas. Cualquier acción contraria a las leyes sería, por consiguiente, delictiva e ilegítima.

            Esta teoría es, a todas luces inconsistente: cualquier disparate que se le ocurriera a nuestros legisladores no sólo se podría convertir en ley, sino que se revestiría, sin más, de una plena legitimidad ética (no deberíamos olvidar que Hitler llegó al poder gracias a unas elecciones totalmente legales). Y, por el contrario, cualquier acto de rebeldía contra una ley injusta se debería considerar ilegítimo y, por tanto, éticamente condenable.

             Así, desde la perspectiva positivista, la acción de los sindicalistas andaluces no tendría justificación alguna: su acción los convierte en delincuentes que deben ser perseguidos penalmente y, además, han ser censurados moralmente.

            El SAT ha realizado una acción ilegal: se ha apropiado de algunos kilogramos de alimentos con la intención de ofrecerlos a organizaciones que se dedican a quitar el hambre de muchas personas que no podrían comer si no fuera por los comedores sociales o por la bolsa de comida que periódicamente reciben en Caritas. Los comercios a los que se han dirigido forman parte de las dos más importantes cadenas de distribución de alimentos de España; el quebranto económico que les han provocado es una absoluta ridiculez. Es cierto que acciones como esta no resolverán los problemas que ha generado esta crisis; pero provocan el debate, golpean las conciencias y abren los ojos de muchos cegados por la propaganda oficial que, mientras que nuestros gobernantes nos llevan a la ruina,  machaconamente nos dice que no hay otra política posible.

            La derecha política española (la que se reconoce como tal y la que se disfraza de centro o incluso de centro-izquierda) ha puesto el grito en el cielo, especialmente por la presencia de un parlamentario andaluz entre los que apoyaron la acción: los parlamentarios deben ser modelos y dar ejemplo de respeto a la legalidad, nos han repetido hasta la saciedad.

            Y el gobierno, por boca de su Ministro de Interior ha puesto en marcha toda la maquinaria represiva del Estado para castigar semejante desafuero.

            Pero hay otra perspectiva: las leyes deben ser elaboradas de acuerdo con los mecanismos legales previamente establecidos; pero no serán legítimas si no respetan el valor superior de la justicia. Dicho de otro modo: una norma puede ser, al mismo tiempo, plenamente legal y radicalmente injusta.

            Y nuestro gobierno lleva seis meses elaborando leyes que aprueban sus parlamentarios -entre los que se cuentan algunos incursos en procedimientos penales por delitos de corrupción- leyes que arrebatan a los trabajadores, a los pensionistas y a los ciudadanos españoles en general, derechos legítimamente adquiridos a lo largo de muchos años de lucha, leyes que están dirigidas directamente a empobrecer a los trabajadores PARA SALVAR a los bancos de la ruina a la que los han llevado sus administradores -al tiempo que esos mismos administradores obtenían millonarios beneficios a título personal-  y contra los que el Ministerio de Interior no ha tomado, que se sepa, ninguna medida urgente.

            Leyes absolutamente ilegítimas, contrarias a lo que el partido gobernante prometió en la campaña electoral y, sobre todo, contrarias a cualquier concepto de justicia que considere que la persona está por encima de cualquier otro valor.

Bandoleros - Autor desconocido

            La acción del SAT recuerda la figura, tal vez legendaria, de los bandoleros que robaban a los ricos para socorrer a los pobres. Su acción es ilegal, no cabe duda.

            Nuestro gobierno (y sus jefes, Frau Merkel, Mario Draghi, etc) es exactamente lo contrario: SORELODNAB bandoleros al revés. Hacen leyes para expoliar a los ciudadanos, para empobrecer aún a los pobres y salvar a los ricos y a sus bancos. La legalidad está de su parte; jamás los podremos acusar de haber cometido ilegalidad alguna, porque son ellos quienes hacen las leyes y las hacen para que el expolio de los ciudadanos sea legal.

            Pero, ¿De qué lado está la legitimidad? ¿A quienes respalda la verdadera justicia?

Manos arriba: esto es un rescate

            Dice Nietzsche en “El viajero y su sombra” que “toda palabra es un prejuicio”. En boca de ciertos políticos toda palabra es una mentira; y si es verdad, una amenaza.

            The Daily Telegraph del día 21 de junio anunciaba el rescate inminente de España e Italia; el día 25, el gobierno español solicitaba formalmente de la Unión Europea ayuda para inyectar dinero a la banca. Nos van a rescatar pero ¿es que nos han secuestrado? ¿de quién o de quienes nos tienen que liberar?

            El Diccionario de la Real Academia define “rescate” como “Acción y efecto de rescatar”; y “rescatar” como:

1.                  Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por ext., cualquier cosa que pasó a mano ajena.

2.                  Cambiar o trocar oro u otros objetos preciosos por mercancías ordinarias.

3.                  Liberar de un peligro, da o, trabajo, molestia, opresión, etc.

4.                  Recobrar el tiempo o la ocasión perdidos.

5.                  Recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido.

            El uso más frecuente de esta palabra en el lenguaje ordinario es el que se refiere a la liberación de alguien que está secuestrado, o al dinero o a la actividad que sirven para esa liberación. Este uso sería el que responde a la tercera acepción reseñada por el Diccionario de la Academia. También es frecuente el uso de este término en su primera acepción: «Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena.»

            Cuando hablamos de rescate entendemos que el que paga lo hace para conseguir la liberación del secuestrado. Pero, y esta es la mentira o la amenaza de esta palabra en boca de nuestros políticos, en el rescate que se nos anuncia el que paga lo que quiere es conseguir el control, la sumisión, la esclavitud del rescatado; no nos quieren rescatar, nos quieren comprar, nos quieren dejar caer encima una hipoteca que no la podremos pagar ni nosotros ni nuestros hijos y, tal vez, tampoco nuestros nietos.

            Los bancos, y no sólo los españoles, han realizado en las últimas décadas una gestión desastrosa. Han vendido humo y, mientras hubo quien lo comprara, obtuvieron pingües beneficios y sus directivos se enriquecieron hasta niveles de verdadera fábula. Pero cuando el humo se mostró como lo que era y dejó de venderse, aparecieron enormes agujeros negros en las cuentas de bancos tan importantes como Lehman Brothers  (el que dirigía en España y Portugal nuestro actual ministro de Economía y Competitividad, el mismo ministro que dice que la culpa del rescate a la banca española es de Zapatero), bancos que, al quebrar, provocaron el estallido de la crisis.

            Los dueños del dinero se asustaron;  los directivos de las entidades financieras empezaron a huir, abandonando el barco que se les iba a pique, aunque cubriéndose las espaldas con indemnizaciones y jubilaciones millonarias...

            En España, la crisis se vio agravada por el vaciamiento de la burbuja inmobiliaria. El capital alemán, que generosamente llegaba a los bancos españoles, permitió conceder créditos casi sin límite y sin garantías para adquirir viviendas que subían exponencialmente de precio... hasta que dejó de llegar el dinero alemán, la burbuja se desinfló, dejó de fluir el crédito, aumentó el desempleo, creció la morosidad...

            Los bancos españoles debían mucho dinero a los bancos europeos, alemanes, sobre todo y también a los franceses y a los de otros países. Había que salvar a la banca, era necesario rescatarla  de la ruina a la que sus directivos la habían llevado porque si la banca española se hundía no podría pagar sus deudas a los bancos alemanes. Por eso se ha puesto en marcha un mecanismo que consiste en convertir la deuda privada (la de los bancos mal gestionados) en deuda pública, en deuda del Estado, es decir, en deuda de todos nosotros; por eso la Unión Europea y el mal llamado Banco Central Europeo, no prestan dinero a los bancos, sino al Estado, para que todos seamos responsables de devolver lo que se “nos” ha prestado, para que la carga de la deuda recaiga sobre nuestras espaldas.

¿De qué se ríen?

            En realidad no nos quieren rescatar de ningún peligro; el rescate no es una liberación. La crisis ha sido provocada y/o está siendo aprovechada para, según la primera de la acepciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, «Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena.»

            El enemigo, en este caso, sería la clase trabajadora; y los que quieren recobrar lo que su enemigo ha cogido es el gran capital que quiere recuperar todo lo que el Movimiento Obrero ha ido conquistando en el último siglo y medio. Ese es el verdadero rescate.

            Se trata de un episodio agudo de lucha de clases; ya lo dijo -¡en noviembre de 2006!-, en un extraño ejercicio de sinceridad, el magnate estadounidense Warren Buffett:  «Porsupuesto que hay lucha de clases; pero la está haciendo la mía, la de losricos; y estamos ganando». (Un capitalista afirmando la realidad de la lucha de clases: hasta la teoría marxista se la quieren apropiar).

            Por eso, y en estrecha relación con el “rescate” bancario, ya se están anunciando nuevas medidas tendentes a incrementar más las rentas del capital a costa de la rentas del trabajo: aumento de impuestos indirectos, incluso el de los productos de primera necesidad, reducción de los salarios, disminución de las cotizaciones sociales (que no es sino un modo de rebajar aún mas los salarios), aumento de la jornada laboral... y, al mismo tiempo, se amnistía a los grandes defraudadores fiscales, se ofrecen estímulos fiscales a los emprendedores (!)...

            Pero de estimular la economía, de apoyar a las familias en apuros, de crear empleo... solo palabras.

            Y de gravar con un impuesto las transaciones financieras o de subir los impuestos directos a los que en justicia deberían pagarlos... ¡ni hablar!

           

            Está claro que el rescate no es un rescate: es un atraco. ¡Manos arriba!

Y cuando aprendió...

  

Desde que comenzaron los recortes, los ajustes, las [contra]reformas, en una palabra, el ataque sistemático al Estado del bienestar, al Estado social y democrático de Derecho establecido en el artículo 1.1 de la Constitución Española,¹ no pasa un día en que no recuerde una historieta que me contaron hace ya muchos, muchos años.

            Un arriero, tratando de aumentar la productividad recortando costes de producción, tuvo una idea que le pareció genial: enseñar a su burro a no comer. De este modo alejaría el peligro de déficit y garantizaría el aumento de beneficios de su empresa; incluso pensó que, invirtiendo después esos beneficios, podría crear empleo y generar riqueza, no sólo para él, sino para la sociedad entera.

            Comunicó su proyecto a su mejor amigo que no pareció demasiado entusiasmado con la idea, aunque respetuoso con las opiniones ajenas, no realizó ninguna crítica, esperando, quizá, que pronto su compadre se daría cuenta de lo disparatado del asunto.

Y cuando aprendió...

            Pasó el tiempo y los dos amigos se volvieron a encontrar.

        - ¿Qué tal resultó tu proyecto? ¿Conseguiste que el burro aprendiera a no comer?

      - Calla -respondió el arriero-, que el muy canalla, cuando ya había aprendido del todo, se murió.

            Si no nos empeñamos en ver un paralelismo estricto en cada uno de los elementos de la historieta, -a nadie, a mí tampoco, le gusta que lo comparen con un jumento- nos servirá para entender lo que nuestros “dirigentes”, dirigidos a su vez por los “mercados”, quieren hacer con nosotros: enseñarnos a no vivir. A ellos les basta con que sobrevivamos. Les resulta más barato. Los recursos necesarios para garantizar a todos una vida digna se podrán de este modo ahorrar y pasarán a engrosar sus cuentas de beneficios.

            Por eso nos están recortando todo lo que ellos pueden recortar de lo que da dignidad a la vida: el salario, la seguridad en el puesto de trabajo, la sanidad pública, la educación, la atención a quienes se encuentran en situación de dependencia...,

            Está claro que comparten el punto de vista de David Ricardo, que consideraba que los trabajadores deberían recibir un salario tal que garantizara la supervivencia de la raza de los trabajadores sin que su número aumentara o disminuyera. Claro, los trabajadores son una raza necesaria para que algunos vivan y se enriquezcan a su costa; pero es peligroso que aumenten demasiado, que se hagan fuertes... o que con el estómago en paz les de por pensar.

            Las últimas noticias sobre el rescate que está prohibido llamar rescate, las amenazas de determinados progres (http://t.co/Y16wAd8F) contra los ciudadanos griegos a los que se les advierte de que se morirán de hambre, o casi, si votan a la izquierda, las recomendaciones de subir los impuestos indirectos -los menos justos- y a atrasar más la edad de la jubilación.. no son sino lecciones teóricas de ese curso del que cada día ponen en práctica una nueva lección.

            Pero a la gente normal, no nos gusta aprender a no comer, no nos seduce que se empeñen en enseñarnos a no vivir.

            El asno de aquel arriero no pudo hacer otra cosa que morirse, cuando le enseñaban a no comer;  pero nosotros tenemos otras posibilidades: informarnos e informar, concienciarnos y concienciar, reaccionar, rebelarnos, actuar... y apoyar a quien reacciona, se rebela y actúa.

            Sin violencia, por supuesto. Sería un error. Sería como jugar en campo contrario. Porque ellos tienen mucha más capacidad de violencia que nosotros. Y si les damos el más mínimo pretexto, la usarán para enseñarnos, de una vez por todas, a no comer.

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1. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Reformas no, ¿expropiación? ¡tampoco!, ¡expolio!

    Después de comprometer su palabra en el sentido de no “meter la tijera” en pensiones públicas, Sanidad y Educación porque «Ahí hay que respetar los derechos de los ciudadanos», en un incumplimiento más de lo prometido en la larga campaña electoral en la que el PP acusó al gobierno de Rodríguez Zapatero de ser el origen de todos los males, después de anunciar un presupuesto en el que se impone un recorte  de 27.000 millones de euros, después de algunas declaraciones contradictorias entre diversos dirigentes del gobierno y del PP, en una simple nota de prensa se anuncia un nuevo recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación.

    Mentira. Eso es lo primero que me sugiere esta noticia.

    Mentirosos: los que prometieron hacer una cosa y hacen exactamente lo contrario.

    Pero la mentira parece ser un ingrediente absolutamente imprescindible en política; al menos en la política que sufrimos en España y en Europa desde hace ya mucho tiempo.

Noche de luna negra (detalle)

Carl Hofer, 1944

    Pero decir “mentira” es decir muy poco.

    El mismo Presidente de Gobierno, cuando sólo era aspirante a serlo, dejó claro que Sanidad y Educación son derechos de los ciudadanos y que los derechos no se tocan. Él lo dijo; y él mismo se desdice. ¿Se ha encontrado con circunstancias tan extraordinarias que le obligan a hacer lo contrario de lo que prometió?

    Si es así que explique esas circunstancias y, después, que nos pregunte a los ciudadanos si estamos dispuestos a que se nos arrebaten nuestros derechos; yo, que no lo voté, acataré la decisión de la mayoría; pero si la decisión es contraria a las pretensiones del gobierno, que se vaya, que se vayan.

    No será así. El gobierno no respeta al pueblo, no obedece a la ciudadanía, sino a los malditos mercados. Y esto ya es mucho más grave. Porque el gobierno que así actúa, aunque haya surgido de unas elecciones formalmente libres, ha perdido, por ese mismo hecho, la legitimidad democrática.

    Lo que va a hacer el gobierno es expropiar, o más exactamente expoliar la herencia que hemos recibido de nuestros padres y la que pretendíamos dejar a nuestros hijos.

    El Diccionario de la real Academia española define la expropiación de este modo: «Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.»

    Pues lo que va a hacer el gobierno es privar a toda la sociedad española de dos bienes, de dos derechos (insisto, según expresión de nuestro presidente). Y lo va a hacer sin darle a la sociedad nada a cambio, sin indemnización alguna. Y lo va a hacer por motivos de utilidad privada: hoy mismo se ha hecho pública la noticia de que el gobierno prepara ayudas al sector financiero por un importe aproximado de 50.000 millones: ¿cabe un cinismo mayor?

    Eso tiene un nombre: expolio, despojo, saqueo...

    Y los que eso hacen también tienen un nombre.

    Lo que no se le puede negar a este gobierno es, en los poco más de 100 días de ejercicio del poder, coherencia. Las medidas que han ido tomando tienen una lógica aplastante: primero, con la reforma laboral, legalizaron la esclavitud (no es una broma; al trabajo sin derechos no se le puede llamar de otro modo más que esclavitud); y ahora ¿para qué quieren los esclavos la educación? ¿Y a quién le importa la salud de los esclavos?