BANDOLEROS o SORELODNAB

            La acción realizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en dos supermercados andaluces ha puesto encima de la mesa el debate acerca de lo que es legal y lo que es legítimo en estos momentos de crisis.

            El positivismo jurídico afirma que no hay diferencia entre lo legal y lo legítimo; la legalidad, por sí sola, es ya fuente de legitimidad; todas las leyes serían legítimas. Cualquier acción contraria a las leyes sería, por consiguiente, delictiva e ilegítima.

            Esta teoría es, a todas luces inconsistente: cualquier disparate que se le ocurriera a nuestros legisladores no sólo se podría convertir en ley, sino que se revestiría, sin más, de una plena legitimidad ética (no deberíamos olvidar que Hitler llegó al poder gracias a unas elecciones totalmente legales). Y, por el contrario, cualquier acto de rebeldía contra una ley injusta se debería considerar ilegítimo y, por tanto, éticamente condenable.

             Así, desde la perspectiva positivista, la acción de los sindicalistas andaluces no tendría justificación alguna: su acción los convierte en delincuentes que deben ser perseguidos penalmente y, además, han ser censurados moralmente.

            El SAT ha realizado una acción ilegal: se ha apropiado de algunos kilogramos de alimentos con la intención de ofrecerlos a organizaciones que se dedican a quitar el hambre de muchas personas que no podrían comer si no fuera por los comedores sociales o por la bolsa de comida que periódicamente reciben en Caritas. Los comercios a los que se han dirigido forman parte de las dos más importantes cadenas de distribución de alimentos de España; el quebranto económico que les han provocado es una absoluta ridiculez. Es cierto que acciones como esta no resolverán los problemas que ha generado esta crisis; pero provocan el debate, golpean las conciencias y abren los ojos de muchos cegados por la propaganda oficial que, mientras que nuestros gobernantes nos llevan a la ruina,  machaconamente nos dice que no hay otra política posible.

            La derecha política española (la que se reconoce como tal y la que se disfraza de centro o incluso de centro-izquierda) ha puesto el grito en el cielo, especialmente por la presencia de un parlamentario andaluz entre los que apoyaron la acción: los parlamentarios deben ser modelos y dar ejemplo de respeto a la legalidad, nos han repetido hasta la saciedad.

            Y el gobierno, por boca de su Ministro de Interior ha puesto en marcha toda la maquinaria represiva del Estado para castigar semejante desafuero.

            Pero hay otra perspectiva: las leyes deben ser elaboradas de acuerdo con los mecanismos legales previamente establecidos; pero no serán legítimas si no respetan el valor superior de la justicia. Dicho de otro modo: una norma puede ser, al mismo tiempo, plenamente legal y radicalmente injusta.

            Y nuestro gobierno lleva seis meses elaborando leyes que aprueban sus parlamentarios -entre los que se cuentan algunos incursos en procedimientos penales por delitos de corrupción- leyes que arrebatan a los trabajadores, a los pensionistas y a los ciudadanos españoles en general, derechos legítimamente adquiridos a lo largo de muchos años de lucha, leyes que están dirigidas directamente a empobrecer a los trabajadores PARA SALVAR a los bancos de la ruina a la que los han llevado sus administradores -al tiempo que esos mismos administradores obtenían millonarios beneficios a título personal-  y contra los que el Ministerio de Interior no ha tomado, que se sepa, ninguna medida urgente.

            Leyes absolutamente ilegítimas, contrarias a lo que el partido gobernante prometió en la campaña electoral y, sobre todo, contrarias a cualquier concepto de justicia que considere que la persona está por encima de cualquier otro valor.

Bandoleros - Autor desconocido

            La acción del SAT recuerda la figura, tal vez legendaria, de los bandoleros que robaban a los ricos para socorrer a los pobres. Su acción es ilegal, no cabe duda.

            Nuestro gobierno (y sus jefes, Frau Merkel, Mario Draghi, etc) es exactamente lo contrario: SORELODNAB bandoleros al revés. Hacen leyes para expoliar a los ciudadanos, para empobrecer aún a los pobres y salvar a los ricos y a sus bancos. La legalidad está de su parte; jamás los podremos acusar de haber cometido ilegalidad alguna, porque son ellos quienes hacen las leyes y las hacen para que el expolio de los ciudadanos sea legal.

            Pero, ¿De qué lado está la legitimidad? ¿A quienes respalda la verdadera justicia?