Wert contra Sócrates

            En el año 399 a. C. en Atenas, recién restablecido el sistema democrático, pero con la ciudad todavía convaleciente de las heridas sufridas durante las Guerras del Peloponeso y el posterior gobierno de los Treinta Tiranos, Meleto, Ánito y Licón presentaron una acusación ante el tribunal de los Quinientos cuyo contenido se recoge en la Apología de Sócrates de Platón con estas palabras: «Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas.» (24b).

            Extraña que, en un contexto religioso poco preocupado por la ortodoxia, se presentara una acusación de este tipo. Sócrates se defiende de ella afirmando que su convicción de que una voz interior que le impide tomar perturbadoras decisiones es de origen divino, no supone poner en duda las creencias religiosas tradicionales de la ciudad. Reduce además al absurdo la acusación de Meleto en un diálogo en el que Sócrates dirige a su acusador preguntas cargadas su ironía característica. ¹

            Después se defiende de la acusación de corromper a la juventud y, al hacerlo, describe lo que sus acusadores entienden por corrupción.

            Explica Sócrates que tratando de entender por qué un oráculo había afirmado que él era el más sabio de todos los hombres se dirige primero a políticos, después a poetas y a

otros colectivos a los que va demostrando, manejando su ya citada y habitual ironía, que la pretendida sabiduría de unos y otros no era tal. Es decir, va desenmascarando a los que se creen sabios por haber alcanzado un puesto importante, por haber acumulado un patrimonio cuantioso o por haberse hecho famosos. Esta actividad, que Sócrates entiende como una exigencia ética², despierta el interés de sus discípulos:

  «Se añade, a esto, que los jóvenes. que me acompañan espontáneamente -los que disponen de más tiempo, los hijos de los más ricos- se divierten oyéndome examinar a los hombres y, con frecuencia, me imitan e intentan examinar a otros, y, naturalmente, encuentran, creo yo, gran cantidad de hombres que creen saber algo pero que saben poco o nada. En consecuencia, los examinados por ellos se irritan conmigo, y no consigo mismos, y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes.» (23cd).
El carácter del filósofo es patente que le acarreó múltiples enemistades. Su actitud crítica ante todo, su exigencia de honestidad y coherencia, de respeto a la verdad y a la justicia, su inconformismo... lo convirtieron en un personaje molesto, un tábano (así se describe él en la Apología platónica, 30e) molesto para algunos hasta la exasperación. Y fueron muchos los que se picaron por las picaduras de este incómodo personaje que, no sólo se atrevía a pensar sobre cualquier asunto, sino que además, ¡que osadía! decía lo que pensaba.

           

            Otros, sin embargo, sus discípulos, jóvenes de buena familia, se sintieron seducidos por ese aliento perturbador y pretendieron imitarlo. Esa era la corrupción que provocaba Sócrates en la juventud: los dotaba de espíritu crítico, los animaba a poner en cuestión todo lo que no fuera el resultado de una reflexión racional.

            Podían soportar su ironía; podrían haber aguantado sus impertinencias; pero que su magisterio diera como resultado unos jóvenes capaces de pensar por sí mismos... resultaba ya del todo intolerable.

           Entre los muchos despropósitos de la LOMCE no es el menor la eliminación casi total de la Filosofía del curriculum de secundaria y bachillerato. Quizá no afecte a muchas personas, pues el colectivo de profesores de Filosofía no es demasiado numeroso. Pero eso no resta importancia a la amputación que se va a realizar en la formación de nuestros jóvenes. En realidad, esta decisión desvela uno de los objetivos principales que se pretende alcanzar con esta reforma educativa: conseguir profesionales eficientes y obedientes, que hagan a la perfección lo que se les ordena, sin plantearse siquiera qué es lo que están haciendo. Y precisamente esto es lo que la filosofía puede hacer imposible.

            La Filosofía no es una materia instrumental, no se incluye en las pruebas internacionales que miden el nivel educacional de los distintos países; no sirve para alcanzar el éxito, fundamentalmente en lo económico, que parece que debe ser el objetivo último de la educación, según se dejó ver en el primer párrafo de la exposición de motivos del primer borrador de la LOMCE: «La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.» Y, a continuación, «En la esfera individual, supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. El nivel educativo determina las metas y expectativas de la trayectoria vital tanto a nivel profesional como personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona a cumplir con éxito los objetivos planteados.» ³

            El disparate era tan patente que en un borrador posterior ese párrafo se modificó y fue sustituido por este otro: «Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, criticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país.»⁴

            El cambio es radical; pero el papel parece que lo aguanta todo. Hay cosas que no se pueden decir, aunque se busquen. Por eso, la minusvaloración de la Filosofía en el curriculum del Bachillerato, de acuerdo con la norma ya aprobada en el Congreso⁵, descubre que ha prevalecido la primera intención; y que las bellas palabras con que reemplazaron a las primeras no sirven para otra cosa que para enmascarar la primera y verdadera intención de la ley. Los hechos -la parte dispositiva de la ley y, en concreto, los artículos en los que se establece el curriculum de los últimos cursos de secundaria- contradicen esa bella declaración de intenciones, al convertir en optativa la Formación Ética en 4º de E.S.O., que se ofrecerá como alternativa a la Religión y la práctica eliminación de la Historia de la Filosofía, reduciéndola a una mera optativa en 2º de Bachillerato.

            Si el Sr. ministro de Educación hubiera estado en el tribunal de los 500, seguro que habría aceptado como cierta la acusación de Meleto y Ánito: la filosofía, personalizada en el incómodo Sócrates, corrompe a la juventud; precisamente porque contribuye (evidentemente, no de manera exclusiva) a formar personas autónomas, criticas, con pensamiento propio. Dado que la pena de muerte está fuera de nuestro horizonte constitucional, podemos pensar que nuestro ministro habría optado por una condena distinta a la ingestión de la cicuta. Pero seguro que habría propuesto medidas para impedir que la corrupción se apoderara de los jóvenes. Medidas como las que prescribe esta perniciosa ley.

            El problema es que esta decisión pretende algo que, a medio plazo, es imposible: detener la historia, acabar con el progreso.⁶

            En su teoría sobre las generaciones⁷ Ortega señala que lo que hace posible el progreso de la historia es, precisamente la polémica entre las generaciones. Cada generación, dice, recibe la herencia vivida y pensada por las anteriores; pero, además, debe construir su propio modo de vida, lo que supone una cierta rebeldía frente a lo recibido. Y esta rebeldía es precisamente lo que hace posible la innovación y el progreso de la historia. Y eso es lo que esta ley, si llega a aplicarse, obstaculizará gravemente.

            Sirva para terminar esta cita de Ortega, el filósofo español más conocido y, posiblemente, más apreciado: La notoria «inutilidad» de la filosofía es acaso el síntoma más favorable para que veamos en ella el verdadero conocimiento. Una cosa que sirve es una cosa que sirve para otra, y en esa medida es servil. La filosofía, que es la vida auténtica, la vida poseyéndose a sí misma, no es útil para nada ajeno a ella misma. En ella, el hombre es sólo siervo de sí mismo, lo cual quiere decir que sólo en ella el hombre es señor de sí mismo. Mas, por supuesto, la cosa no tiene importancia. Queda usted en entera libertad de elegir entre estas dos cosas: o ser filósofo o ser sonámbulo. ⁸

            ¿Preferirá el señor ministro -y los parlamentarios que den o hayan dado el sí a esta ley- una juventud de sonámbulos para evitar que se comporten como molestos tábanos, al estilo del viejo Sócrates?

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¹ Jenofonte en su Recuerdos de Sócrates abunda en este sentido diciendo que «...me sorprende que los atenienses se dejaran convencer de que Sócrates no tenía una opinión sensata sobre los dioses, a pesar de que nunca dijo o hizo nada impío, sino que más bien decía y hacía respecto a los dioses lo que diría y haría una persona que fuera considerada piadosísima»

² En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni, con tanto afán, a fin de que ésta sea lo mejor posible, diciéndoos: «No sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos.» Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, éstas serían dañinas. 30 b

³ http://www.stecyl.es/borralex/LOMCE/Anteproyecto_LOMCE_septiembre2012.pdf

⁴ (LOMCE versión 2 03/12/2012:

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20121219-borrador-lomce.pdf

⁵ http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-48-4.PDF

⁶ En la LOMCE hay muchos otros elementos de difícil asimilación para una mentalidad crítica y autónoma, como puede ser la puesta en práctica del darwinismo social en el campo de la educación, aunque esto pude ser objeto de otra releflexión y de uno próxima entrada en el blog.

⁷ Desarrollada sobre todo en  “En torno a Galileo” curso explicado en 1933, y recogido en el vol. V de sus Obras Completas.

⁸ J. Ortega y Gasset, Bronca en la Física, recogido en el vol. V de sus Obras Completas.

La nota

            Según el ministro de educación, los alumnos que deseen obtener una beca del ministerio, además de  que estén debajo de los umbrales de renta establecidos, deben aprobar todas las asignaturas (salvo en las ingenierías que se acepta un pequeño porcentaje de créditos suspensos) y, además obtener  una nota media de 6,5 o, como parece que será tras la rectificación a la que le han obligado los consejeros  autonómicos de Educación, un 5,5. La razón de esta exigencia es que la sociedad no puede estar subvencionando  a estudiantes que no rinden adecuadamente. El razonamiento parece, a primera vista, totalmente cargado de  razón. Nadie puede querer que los recursos de la sociedad se dediquen a alimentar la vagancia. Pero...

            A pesar de lo mucho que las tasas universitarias han subido, éstas no cubren más que el 20 %  aproximadamente del costo total de la enseñanza universitaria. Esto quiere decir, que todos los universitarios  que estudian en las Universidades están subvencionados, unos al 80% y otros, los que tienen menos recursos  económicos en su unidad familiar, al 100%.

            A hora bien: si a un estudiante se le niega la beca porque no ha llegado al mínimo que exige el ministro,  si sus recursos son tan escasos que no puede pagar las tasas, tendrá que abandonar la universidad. Con ello el  Estado se ahorra el otro 80 %.

            ¿Y que sucede con los malos estudiantes que tienen recursos suficientes para pagar las tasas y no  necesitan beca? Estos podrán seguir estudiando y, aunque tengan muchos suspensos y su media no se acerque  ni siquiera al cinco, seguirán gozando de una subvención estatal equivalente al 80% del costo de su  carrera.

            La pregunta cae por su peso ¿Debe la sociedad seguir subvencionando a los vagos con dinero? Según la lógica del ministro, a los que no lleguen al 5,5 habría que exigirles que pagaran el 100% de lo que cuesta su enseñanza.

Calificaciones de A. Einstein

            La exigencia de una calificación es siempre discriminatoria; sobre todo si no se tienen en cuenta muchas circunstancias que pueden ser la causa del bajo rendimiento de un estudiante: necesidad de compatibilizar estudios y trabajo, ambiente desfavorable para el estudio en casa... Y resulta más discriminatoria aún si su nivel económico es tan bajo que le impide seguir estudiando y le obliga a renunciar a alcanzar un título universitario.

            Podría darse esta situación: un chico necesita trabajar para pagarse los estudios y, por tanto, no puede dedicar al estudio todo el tiempo necesario y, en consecuencia, no logra los resultados mínimos que exige el ministerio para conseguir una beca. Tiene que abandonar los estudios; pero sus impuestos -directos e indirectos- y los de su familia, a través de los presupuestos estatales, financian los estudios de los que, sean buenos o malos estudiantes, tienen recursos para pagar las tasas.

            Concluyendo: la política de becas del Ministerio de Educación va a producir las siguientes consecuencias:

1.                  Decenas de miles de universitarios perderán sus becas.

2.                  Muchos de ellos deberán abandonar sus estudios y, posiblemente, engrosar las cifras de desempleo juvenil.

3.                  El número de universitarios disminuirá, lo que, más bien pronto que tarde, permitirá mandar al paro a un buen número de profesores universitarios y, tal vez, cerrar alguna que otra universidad.

4.                  El ministerio conseguirá así un doble ahorro: a lo que deje de dedicar a becas habrá que sumarle los salarios que no tendrá que pagar.

5.                  Ese ahorro quizá sirva para mejorar la calidad de enseñanza de los que queden, es decir, de los que tengan recursos para pagar las tasas que, aunque no rindan adecuadamente, podrán seguir gozando de una subvención equivalente al 80% del costo de sus estudios.

6.                  En todo caso, nos podríamos encontrar con dos tipos de titulaciones: las más exigentes, como las ingenierías o medicina, en las que es difícil aprobar el curso entero -y que son las que dan paso a profesiones mejor remuneradas- y que quedarían reservadas a esas clases sociales con capacidad para afrontar los costes de las tasas -las de cada curso y las de las materias suspensas de las que deberían volver a matricularse; y otras, más ligeras, como las que dan acceso a la enseñanza, reservadas a los hijos de las familias con menos recursos.

7.                  La educación universitaria se habrá convertido o habrá iniciado el camino para convertirse en elitista y clasista, reservada a las clases tradicionalmente dominantes de nuestra sociedad. Y en mecanismo de perpetuación de las desigualdades sociales.

8.                  A los hijos de los trabajadores les quedará muy claro cual será su muy oscuro futuro.

            Nadie duda de que la educación, en España, necesita una reforma importante. Pero creo que justamente en la dirección contraria a la que parece haber elegido el gobierno. Lo que necesita el sistema educativo español es aumentar los recursos con los que cuenta, muy por debajo de los países de nuestro entorno. Prestigiar la actividad docente, dotar a los centros de todos los medios necesarios para la formación permanente de los docentes y la actualización constante de los medios y métodos de enseñanza y aprendizaje.

            Y lo que necesita la sociedad española es aprovechar todos los talentos que en ella se encuentran, sin desperdiciar ninguno. En todo caso, esto sería un despilfarro; pero, además, si los talentos que se malogran son los de aquellos a los que esta misma sociedad ha excluido del reparto de los beneficios sociales, estaríamos ante  una imperdonable injusticia.

Los expertos

            El pasado 14 de junio,  viernes, se presentó con toda solemnidad el “Informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”. En la intervención del presidente del susodicho comité, me llamó la atención el énfasis con el que el presidente resaltaba que el informe era un informe técnico, no político.

 Dr. Víctor Pérez Díaz, presidente del comité de expertos

            Es cierto que, en el mismo acto, se dijo que el informe era sólo una propuesta y que, a partir de ahora se abre “un horizonte de decisiones políticas”, pero muy pronto el gobierno, por boca de la ministra de Empleo y Seguridad Social situó en primera línea ese, digamos presunto, carácter técnico del informe al afirmar que se trata de un documento “honesto y técnicamente robusto”.

            No es mi intención hacer un análisis del contenido de este documento ni mucho menos de sus aspecto técnico y económico. Ya he dejado claro que “yo no soy economista”. Pero sí quisiera ofrecer una reflexión acerca del recurso cada vez más utilizado por este gobierno de acudir a los comités de expertos, que se presentan con un carácter  científico y técnico, políticamente neutral para ofrecer a la sociedad toda y nada más que su mucha ciencia. Y de forma intelectualmente desinteresada.

            Este es el segundo comité de expertos que asesora al gobierno sobre reformas de importancia: el 12 de febrero de este mismo año otro comité entregaba al ministro de Educación un informe con propuestas para la reforma de las enseñanzas universitarias.

            Y se anuncia un tercero, anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que asesorará al Gobierno en materia de impuestos.

            ¿A qué viene tanto comité? ¿No tiene la administración del Estado funcionarios expertos en las distintas materias? ¿No tienen ya los ministros suficientes asesores fijos y bien pagados en sus respectivos ministerios?

            En realidad los comités de expertos sirven de poco; nuestros gobernantes ya saben -aunque dijeran lo contrario en la campaña electoral- lo que quieren hacer con las pensiones, con la educación pública, con la sanidad y con los impuestos. Sus verdaderas intenciones ya están formuladas en las recomendaciones de las instituciones europeas, el FMI, el Banco Central Europeo... la troika, dócilmente incluidas en los distintos planes de reformas iniciados con el gobierno anterior y agravados -sí, van a agravar los males de la sociedad española-  en los del presente. Por eso, cuando lo que dicen los expertos no interesa, se hace lo contrario: véase en este enlace un ejemplo: Wert decide hacer lo contrario de lo que le recomiendan los expertos en materia de becas.

            Entonces, ¿qué sentido tiene esta multiplicación de comités de expertos?

¿Quién sigue a quien?

            Jürgen Habermas, ya en 1968 estableció sólidamente la afirmación de que no existe conocimiento desinteresado, sino que el conocimiento humano se configura necesariamente de acuerdo a los intereses del conocimiento: el técnico, propio de las ciencias  de la naturaleza y técnicas que se expresa con su lenguaje propio, fisicalista (medidas, datos..), el práctico, propio de las ciencias sociales y humanas que se traduce en un lenguaje intencional, (categorías morales, libertad, justicia...). No existe, dice Habermas, una “teoría pura”, como estos comités de expertos nos quieren hacer creer, es más «Que el interés sea reprimido [esto es, ocultado, disimulado] es algo que sigue formando parte de este mismo interés.» (Ciencia y técnica... 167) ^1.

            Explica Habermas que en la pretensión, digamos intelectualmente honesta, de una teoría pura, pretensión característica de la filosofía clásica, se escondía un tercer tipo de interés: el de encontrar en el contexto del orden cósmico el prototipo para la ordenación del mundo humano (Ciencia y técnica... 167), que será lo que él llamará enseguida el interés emancipativo. Ese interés debe estar explícitamente presente en las ciencias orientadas hacia la crítica de la realidad y que, a partir de la reflexión sobre el hombre mismo, se encaminan hacia la liberación de todas las situaciones de dominación. De este modo, las ciencias de la acción (economía, sociología, política...), que deben tener esta orientación crítica, deben elaborar sus teorías expresa y manifiestamente para desbrozar el camino a la humanidad hacia un orden vital en el que las personas se vean libres de lo que el autor llama poderes hipostasiados, fuerzas de dominación que están por encima y fuera de control de los individuos.

            Con esto llegamos a una primera conclusión: el comité de expertos presenta su informe como una teoría pura, neutral, que obedece a leyes científicas ajenas a cualquier tipo de interés. Pero esa pretendida neutralidad esconde el verdadero interés: reprimir el interés emancipativo. Hablando con claridad: el pretendido desinterés de estos informe esconde el interés por mantener el dominio de los poderes financieros sobre la sociedad. Por eso se oponen o desprecian otras teorías que, con el mismo o aún mayor rigor científico, se presentan sin esconder el interés con el han sido elaboradas, tratando de empujar a la sociedad hacia un orden más justo, más equitativo, más verdaderamente humano.

            Prueba de esto es la composición del comité y las relaciones de sus miembros con la banca y las compañías de seguros. He aquí la primera razón por la que el presidente del comité de expertos en pensiones ponía tanto énfasis al afirmar que su informe era técnico, no político. Aunque no deje se resultar sorprendente ver al pie de dicho informe la firma de algún miembro ligado a los sindicatos.

            La verdadera utilidad de estos comités es hacer uso de la ciencia, del presunto conocimiento y de la técnica para justificar las decisiones políticas y, sobre todo, la desigualdad y la injusticia, es decir usar la ciencia como instrumento de legitimación de la opresión.

            H. Marcuse y J. Habermas analizan los instrumentos de legitimación de la dominación en un momento en que en los países más desarrollados el proceso de crecimiento parecía imparable. El primero en El hombre unidimensional y el segundo en Conocimiento e interés y en Ciencia y técnica como “ideología” ponen de manifiesto que, para legitimar la dominación que los poderes político y económico ejercen sobre la mayoría de la sociedad, ya no se utiliza el recurso al carácter natural de las leyes de la economía -en esa época, en los Estados más avanzados de Europa, en los que gobernaban partidos socialdemócratas la intervención estatal en la economía tenía un peso decisivo- sino la racionalidad de las decisiones que se adoptaban. Estas decisiones no podían ser otras, sino que venían exigidas por su carácter racional. Esto suponía sustraer a la sociedad el debate político, la discusión acerca de las decisiones que el poder adoptaba especialmente en el ámbito de la economía: estas decisiones son las que exige la ciencia y es, por tanto, a los científicos a quienes compete indicar  cuales deben ser estas. De esta forma, «...la fuente tangible de explotación desaparece detrás de la fachada de racionalidad objetiva. ... y el velo tecnológico oculta la reproducción de la desigualdad y la esclavitud» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 62)². Marcuse, dice Habermas está convencido de que «en nombre de la racionalidad lo que se impone es una determinada forma de oculto dominio político» (Ciencia y técnica... 54)

            En la época en la que escribía Marcuse el progreso parecía imparable. El mundo desarrollado estaba rehaciéndose del desastre de la segunda guerra mundial y el futuro siempre aparecía como algo mejor que el presente y, por supuesto que el pasado. Pero su razonamiento me parece que sigue siendo perfectamente válido: «Hoy, la dominación se perpetúa y se difunde no sólo por medio de la tecnología sino como tecnología, y la última provee la gran legitimación del poder político en expansión, que absorbe todas las esferas de la cultura.

            En este universo, la tecnología también provee la gran racionalización para la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad «técnica» de ser autónomo, de determinar la propia vida. Porque esta falta de libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien como una sumisión al aparato técnico que aumenta las comodidades de la vida y aumenta la productividad del trabajo. La racionalidad tecnológica protege así, antes que niega, la legitimidad de la dominación y el horizonte instrumentalista de la razón se abre a una sociedad racionalmente totalitaria.» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 186).

            A partir de estas ideas de Marcuse, Habermas, en la misma línea llega a la conclusión de que, en las sociedades de capitalismo avanzado la Ciencia y la Técnica son la nueva ideología que legitima el poder político opresor. La Ciencia y la Técnica favorecen una permanente y constante revalorización del capital, lo que permite una elevada tasa de crecimiento económico lo que, a su vez, favorece un fuerte incremento del consumo y esto es lo que las masas quieren, ose les hace querer. El desarrollo científico aparece así como la variable de la que depende todo lo demás por lo que no tiene sentido someter a discusión en el ámbito de la ética o la política las decisiones que se deben tomar en el ámbito institucional y las masas quedan despolitizadas: «La despolitización de la masa de la población, que viene legitimada por la conciencia tecnocrática, es al mismo tiempo una objetivación de los hombres en categorías tanto de la acción racional con respecto a fines como del comportamiento adaptativo: los modelos cosificados de la ciencia transmigran al mundo sociocultural de la vida y obtienen allí un poder objetivo sobre la autocomprensión. El núcleo ideológico de esta conciencia es la eliminación de la diferencia, entre práctica y técnica —un reflejo, que no concepto, de la nueva constelación que se produce entre el marco institucional depotenciado y los sistemas autonomizados de la acción racional con respecto a fines.» (Ciencia y técnica... 99 -el subrayado es mío).

            Si en la época de Marcuse y de Habermas el incremento del consumo, la aspiración a tener más y consumir más era lo que favorecía la despolitización de las masas y la utilización de la Ciencia como ideología, ahora se pretende lo que juegue ese papel sea el miedo a perder lo que se tiene: miedo a que el país entre en bancarrota, miedo a que se venga abajo el sistema de pensiones, miedo a que sea imposible mantener el sistema de salud..., miedos todos ellos que encuentran su fundamento en los informes “desinteresados”de los expertos.

  

¿Para  quién, para qué trabajamos?

          Y esta es la segunda conclusión: los comités de expertos no son más que una añagaza, un truco para arrebatar a la sociedad el debate sobre sus propios problemas y la capacidad para escoger las soluciones a los mismos. Si el problema es un problema científico, dejemos a los sabios que hablen y adoptemos sin más crítica la decisión que ellos nos ofrezcan. Ni la política ni la ética (la dimensión práctica en palabras de Habermas) tienen nada que decir. Y, elegidos “bien” los expertos, acabarán diciendo lo que al poder financiero le interesa. Como decía José Luis Sampedro, «hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos sean más ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres». 

            En este sentido es significativo el punto de vista del único miembro del comité de expertos sobre pensiones que se ha opuesto al informe final que califica las propuestas de dicho informe, en caso de que se pusieran en práctica, como un fraude social intolerable y, al mismo tiempo, pone en duda la posibilidad de un informe desinteresado sobre las pensiones.

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1. Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 1984.

2. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993

Que alguien me lo explique

    Desde hace unos días no se deja de hablar de las transaciones que no realizó la infanta Cristina y que Hacienda incluyó en un informe que remitió al juez del caso Noos.
    Los expertos en estos asuntos llevan días devanándose los sesos para encontrar una explicación a esta equivocación. La más citada es el error al consignar el número del DNI de los intervinientes en estas operaciones de compra venta de campos, casa y solares, calculando la probabilidad de que un error de estas características pueda producirse.
    Pero yo sigo haciéndome una pregunta ¿Cómo es posible que se produzca el error al registrar un hecho que no se ha producido?
    Me explico. Según las informaciones de los medios de comunicación, estas fincas (al menos algunas de ellas) son propiedad de sus dueños desde hace más de 100 años y, por tanto, no se vendieron ni se compraron en los años a los que se refiere el informe de Hacienda. En algún informativo de televisión se han mostrado las escrituras de alguna de estas fincas, fechadas en los comienzos del siglo pasado. Entonces, ¿cómo se pudo alguien equivocar y consignar el DNI de la Infanta al registrar un hecho que no se había producido y que, no debería haberse registrado? Y eso ¡en trece ocasiones!

    ¿Le querrán tomar el pelo a alguien? ¿Tal vez al ministro?

    Parece que la culpa se la van a echar encima a los registradores de la propiedad y a los notarios. Pero, que yo sepa, los notarios dan fe de las operaciones que se realizan, no de las que no se producen; y los registradores registran los cambios de propietario de las fincas pero nada registran cuando nada cambia. Y de las operaciones que se realizan, es decir, de las que son reales, dan cuenta a Hacienda.

Pero ¿que sentido tiene que le comuniquen a Hacienda hechos que no se han producido?
    ¿Le querrán tomar el pelo a alguien? ¿Tal vez al ministro?
    Que alguien me lo explique, por favor.

Puesto que se puede, pero no quieren...

           Cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó su campaña conocida con esa palabreja que da título a esta entrada, y sólo con la información primera proporcionada por los medios convencionales, pensé que deberían evitar la visita a los domicilios particulares. Al escuchar las explicaciones de los representantes de dicha organización y, al ver al mismo tiempo las reacciones de los bien-pensantes de este país -bien-pensantes de derecha y de otros partidos que se llaman de izquierda- he concluido que no es justo hacer ningún reproche serio a esta campaña.

            De todas formas, no voy a defender los escraches. Ya se defienden y con sólidos argumentos los miembros de la PAH. Lo que pretendo es proponer algunas sugerencias a sus “víctimas” para que puedan neutralizarlos democrática y civilizadamente (y no como propone un tal Sigfrid Soria, que parece muy enfadado).

            Aquí van algunas sugerencias:

1.         En primer lugar, los parlamentarios del PP y de los demás partidos parlamentarios podrían aceptar -todavía están a tiempo- la invitación de la PAH: acudan a sus reuniones, escuchen las historias reales que les quieren contar los protagonistas de esta continuada  tragedia que son los desahucios, acérquense a sus representados y, después de conocerlos a ellos y sus problemas, represéntenlos de verdad.

2.         En segundo lugar, podrían invitar a los promotores de la ILP para que hablaran en el parlamento, para que participaran de algún modo en los debates de la ILP y se dirigieran a los parlamentarios y les explicaran las razones por las cuales defienden las medidas incluidas en la iniciativa. Nada más democrático que esto: que los representantes del pueblo escuchen las razones de algunos miembros de ese pueblo, más aun si esos ciudadanos están respaldados por 1.500.000 firmas de otros tantos miembros de ese pueblo al que los parlamentario dicen y están obligados a representar.

3.         Otra medida que podrían implantar: hacer público un horario de atención al votante y habilitar un lugar en sus respectivas circunscripciones para atender a los ciudadanos a quienes dicen representar. Y, lógicamente, obligarse a estar presentes y a atender en ese horario a quienes les solicitaran una entrevista.

            Con cualquiera de estas medidas, quedarían sin justificación esas actividades que a los parlamentarios del PP y a tantos bien pensantes de nuestro país les parecen improcedentes. A mí mismo me parecería un error acudir a los escraches para informar a los parlamentario si los estos aceptaran recibir la información por alguno de los medios anteriormente descritos.

            Pero en lugar de adoptar alguna de estas medidas, las fuerzas vivas de nuestro país han optado por desacreditar a los líderes de esta organización: son violentos, usan medios parecidos a los de los terroristas de ETA e, incluso, apoyan a los amigos de ETA. Y esto con referencias estrictamente personales, como hicieron la delegada del gobierno en Madrid y otros dirigentes del PP.

            Esto sí que responde a una estrategia perversa, pero que entra en la lógica de esta manera de ejercer el poder: se gobierna mejor contra los violentos. Se justifica mejor la injusticia cuando esta se ejerce contra los violentos. Por eso se exagera la más mínima salida de tono, o se tergiversa malintencionadamente cualquier declaración o, simplemente, se confunde intencionadamente.

            Hace unos días, en un programa de televisión, los tertulianos profesionales -¡incluso los que se presentaban como progres !- aconsejaban o exigían a los representantes de la PAH que abandonaran los escraches, que no se acercaran a los domicilios particulares de los parlamentarios, que, si seguían haciéndolo perderían toda la razón que tienen y que ellos -¡incluso los tertulianos más conservadores!- afirmaban compartir. Pero, ¿cómo se va a perder la razón? El sufrimiento de los desahuciados, el dolor de los que han sido puestos en la calle siguiendo un procedimiento que recientemente ha sido declarado ilegal, el derecho a una vivienda digna reconocido en la Constitución Española que dice literalmente en su artículo 47 que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.» ... esa razón ¿cómo la van a perder?

            ¿Cómo van a perder la razón, si se trata de un derecho inherente a hecho de ser persona, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en sus artículo 25.1 dice:  «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.»?¹

            Pero es que, además, las acusaciones de los bien-pensantes son falsas: entregar una carta en el domicilio de un parlamentario o poner pegatinas en su puerta recordándole que SÍ SE PUEDE legislar en favor del pueblo  ESO NO ES VIOLENCIA. Y no ha sucedido nada más que eso, aunque los voceros del PP se empeñen en hacernos creer lo contrario. Quizá algún grito poco afortunado... nada más. Y nada menos. Pero hay que presentar al enemigo como perverso para poder así justificar la propia perversión².

            Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Refiriéndose a los desahucios, que afectan a muchos de sus compatriotas, inmigrantes en España, dijo algo que parece una obviedad: la tarea de gobierno consiste en armonizar la posibilidades y las necesidades de una sociedad; no tiene, por tanto, sentido que en la sociedad española se produzcan decenas de miles de desahucios mientra hay millones de viviendas vacías.

            Pero al gobierno español no le hacen falta recomendaciones de nadie. Le bastaría con ejecutar lo que manda la constitución, pues esa es la función del gobierno, del ejecutivo: ejecutar las leyes. Y si no...

            «Hay una manera más en la que un gobierno de este tipo puede disolverse, y es cuando el que tiene el supremo poder ejecutivo descuida abandona ese cargo, de tal modo que las leyes que ya han sido hechas dejan de ponerse en ejecución. Esto resulta en una palmaria y total anarquía que equivale a una completa disolución del gobierno. Porque las leyes no se hacen para sí mismas, sino para ser, mediante su ejecución, los lazos que sujetan a la sociedad y que mantienen en su lugar y función debidas a cada miembro del cuerpo político.»³

Por eso quiero, para terminar, hacer una última sugerencia:

            Dado que parece que no pueden, no saben o no quieren cumplir con lo establecido en nuestra “Carta Magna”, dado que consideran que el haber ganado las elecciones y, gracias a una ley electoral perversa, haber  han conseguido la mayoría absoluta,  les da derecho a legislar sin tener en cuenta el verdadero sentir del pueblo y están convencidos de que, como declaró el presidente del gobierno, que “aunque están haciendo lo contrario de lo que prometieron hacer, están haciendo lo que consideran que es su deber”, deberían aprender de la muy denostada por ellos democracia venezolana y aprobar una ley que permitiera a los ciudadanos exigir, en la forma y según el procedimiento que se estableciera legalmente, la convocatoria de un referendum para revocar el mandato de quienes pueden haber perdido la confianza que se les otorgó por estar traicionando en su acción de gobierno las promesas que hicieron en campaña electoral.⁴

            Atrévanse. Si son verdaderamente demócratas, denle la palabra al pueblo; sin trucos. Y obedezcan al pueblo cuando éste se exprese.

            Seguro que si existiera esta posibilidad los participantes en los escraches, en lugar de ir a “molestar” a los parlamentarios a la puerta de su casa o a cualquier otro sitio, preferirían dedicar su esfuerzo a promover una consulta de este tipo, un referendum revocatorio, para que la ciudadanía los mandase definitivamente ...a casa.

P.D.

             Cuando terminaba de escribir estas reflexiones, me ha llegó por correo-e la invitación a unirme a la petición para que le sea concedido el próximo Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La propuesta la ha hecho Federico Mayor Zaragoza, que ostentó, entre otras responsabilidades, las de Rector de la Universidad de Granada, Ministro de Educación y Director General de la UNESCO.

            Por supuesto que me he adherido a la petición. Los que así lo deseen pueden firmar la propuesta pulsando en este enlace.

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1.          Está claro que la inviolabilidad del domicilio, también recogida en la Declaración y en nuestra constitución es una garantía fundamental del sistema democrático. Pero, en buena lógica, el derecho a poseer un domicilio tiene que ser anterior; y es ese derecho el que defienden los que practican los escraches. Y, además, no hay ningún caso en el que se pueda decir que se ha atentado contra la inviolabilidad del domicilio.

2.          Siempre que se produce un intento de criminalizar a los que protestan contra las injusticias perpetradas  por el poder -político, económico o de cualquier otro tipo- me vienen a la memoria algunas estrofas de una canción que yo escuché en mis años de estudiante en el extranjero. La cantaba Soledad Bravo, aunque después supe que su autor era un cantautor español, Chicho Sánchez Ferlosio:

Nos juzgan y condenan

en nombre de la paz

cada vez que pedimos

justicia y libertad.

Pero la paz tú eres

y con ellos no estás,

que vuelas con nosotros

paloma, paloma de la paz.

3.  John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil  § 219. Cito esta obra de Locke no porque yo comparta todas sus ideas, que en su momento constituyeron, sin duda, un avance importante, sino porque nuestros gobernantes se autodenominan “liberales”. Y ya quisiera yo que su liberalismo se acercara algo al del que muchos consideran padre del liberalismo político.

4.          Esta medida, recogida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 72 no es una medida inspirada en ningún revolucionario de extrema izquierda. Su justificación teórica está ya contenida en el § 240 del citado Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke: «Es probable que en este punto surja la pregunta acostumbrada: ¿Quién podrá juzgar si el príncipe o el cuerpo legislativo están actuando en violación de la con fianza que se depositó en ellos? ... Y, respondo: el juez habrá de ser el pueblo; pues ¿quien podrá juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha encomendado, sino aquél que le ha encomendado la misión y conserva todo el poder de destituirlo cuando el depositario del encargo no lo cumpla? Si esto resulta razonable cuando se trata de casos entre individuos privados, ¿por qué no habrá de ser también así en asuntos de máxima importancia en los que el bienestar de millones puede ser afectado y en los que el mal, si no es evitado, es mucho mayor, y la reparación es muy difícil, costosa y arriesgada?»