La nota

            Según el ministro de educación, los alumnos que deseen obtener una beca del ministerio, además de  que estén debajo de los umbrales de renta establecidos, deben aprobar todas las asignaturas (salvo en las ingenierías que se acepta un pequeño porcentaje de créditos suspensos) y, además obtener  una nota media de 6,5 o, como parece que será tras la rectificación a la que le han obligado los consejeros  autonómicos de Educación, un 5,5. La razón de esta exigencia es que la sociedad no puede estar subvencionando  a estudiantes que no rinden adecuadamente. El razonamiento parece, a primera vista, totalmente cargado de  razón. Nadie puede querer que los recursos de la sociedad se dediquen a alimentar la vagancia. Pero...

            A pesar de lo mucho que las tasas universitarias han subido, éstas no cubren más que el 20 %  aproximadamente del costo total de la enseñanza universitaria. Esto quiere decir, que todos los universitarios  que estudian en las Universidades están subvencionados, unos al 80% y otros, los que tienen menos recursos  económicos en su unidad familiar, al 100%.

            A hora bien: si a un estudiante se le niega la beca porque no ha llegado al mínimo que exige el ministro,  si sus recursos son tan escasos que no puede pagar las tasas, tendrá que abandonar la universidad. Con ello el  Estado se ahorra el otro 80 %.

            ¿Y que sucede con los malos estudiantes que tienen recursos suficientes para pagar las tasas y no  necesitan beca? Estos podrán seguir estudiando y, aunque tengan muchos suspensos y su media no se acerque  ni siquiera al cinco, seguirán gozando de una subvención estatal equivalente al 80% del costo de su  carrera.

            La pregunta cae por su peso ¿Debe la sociedad seguir subvencionando a los vagos con dinero? Según la lógica del ministro, a los que no lleguen al 5,5 habría que exigirles que pagaran el 100% de lo que cuesta su enseñanza.

Calificaciones de A. Einstein

            La exigencia de una calificación es siempre discriminatoria; sobre todo si no se tienen en cuenta muchas circunstancias que pueden ser la causa del bajo rendimiento de un estudiante: necesidad de compatibilizar estudios y trabajo, ambiente desfavorable para el estudio en casa... Y resulta más discriminatoria aún si su nivel económico es tan bajo que le impide seguir estudiando y le obliga a renunciar a alcanzar un título universitario.

            Podría darse esta situación: un chico necesita trabajar para pagarse los estudios y, por tanto, no puede dedicar al estudio todo el tiempo necesario y, en consecuencia, no logra los resultados mínimos que exige el ministerio para conseguir una beca. Tiene que abandonar los estudios; pero sus impuestos -directos e indirectos- y los de su familia, a través de los presupuestos estatales, financian los estudios de los que, sean buenos o malos estudiantes, tienen recursos para pagar las tasas.

            Concluyendo: la política de becas del Ministerio de Educación va a producir las siguientes consecuencias:

1.                  Decenas de miles de universitarios perderán sus becas.

2.                  Muchos de ellos deberán abandonar sus estudios y, posiblemente, engrosar las cifras de desempleo juvenil.

3.                  El número de universitarios disminuirá, lo que, más bien pronto que tarde, permitirá mandar al paro a un buen número de profesores universitarios y, tal vez, cerrar alguna que otra universidad.

4.                  El ministerio conseguirá así un doble ahorro: a lo que deje de dedicar a becas habrá que sumarle los salarios que no tendrá que pagar.

5.                  Ese ahorro quizá sirva para mejorar la calidad de enseñanza de los que queden, es decir, de los que tengan recursos para pagar las tasas que, aunque no rindan adecuadamente, podrán seguir gozando de una subvención equivalente al 80% del costo de sus estudios.

6.                  En todo caso, nos podríamos encontrar con dos tipos de titulaciones: las más exigentes, como las ingenierías o medicina, en las que es difícil aprobar el curso entero -y que son las que dan paso a profesiones mejor remuneradas- y que quedarían reservadas a esas clases sociales con capacidad para afrontar los costes de las tasas -las de cada curso y las de las materias suspensas de las que deberían volver a matricularse; y otras, más ligeras, como las que dan acceso a la enseñanza, reservadas a los hijos de las familias con menos recursos.

7.                  La educación universitaria se habrá convertido o habrá iniciado el camino para convertirse en elitista y clasista, reservada a las clases tradicionalmente dominantes de nuestra sociedad. Y en mecanismo de perpetuación de las desigualdades sociales.

8.                  A los hijos de los trabajadores les quedará muy claro cual será su muy oscuro futuro.

            Nadie duda de que la educación, en España, necesita una reforma importante. Pero creo que justamente en la dirección contraria a la que parece haber elegido el gobierno. Lo que necesita el sistema educativo español es aumentar los recursos con los que cuenta, muy por debajo de los países de nuestro entorno. Prestigiar la actividad docente, dotar a los centros de todos los medios necesarios para la formación permanente de los docentes y la actualización constante de los medios y métodos de enseñanza y aprendizaje.

            Y lo que necesita la sociedad española es aprovechar todos los talentos que en ella se encuentran, sin desperdiciar ninguno. En todo caso, esto sería un despilfarro; pero, además, si los talentos que se malogran son los de aquellos a los que esta misma sociedad ha excluido del reparto de los beneficios sociales, estaríamos ante  una imperdonable injusticia.

Los expertos

            El pasado 14 de junio,  viernes, se presentó con toda solemnidad el “Informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”. En la intervención del presidente del susodicho comité, me llamó la atención el énfasis con el que el presidente resaltaba que el informe era un informe técnico, no político.

 Dr. Víctor Pérez Díaz, presidente del comité de expertos

            Es cierto que, en el mismo acto, se dijo que el informe era sólo una propuesta y que, a partir de ahora se abre “un horizonte de decisiones políticas”, pero muy pronto el gobierno, por boca de la ministra de Empleo y Seguridad Social situó en primera línea ese, digamos presunto, carácter técnico del informe al afirmar que se trata de un documento “honesto y técnicamente robusto”.

            No es mi intención hacer un análisis del contenido de este documento ni mucho menos de sus aspecto técnico y económico. Ya he dejado claro que “yo no soy economista”. Pero sí quisiera ofrecer una reflexión acerca del recurso cada vez más utilizado por este gobierno de acudir a los comités de expertos, que se presentan con un carácter  científico y técnico, políticamente neutral para ofrecer a la sociedad toda y nada más que su mucha ciencia. Y de forma intelectualmente desinteresada.

            Este es el segundo comité de expertos que asesora al gobierno sobre reformas de importancia: el 12 de febrero de este mismo año otro comité entregaba al ministro de Educación un informe con propuestas para la reforma de las enseñanzas universitarias.

            Y se anuncia un tercero, anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que asesorará al Gobierno en materia de impuestos.

            ¿A qué viene tanto comité? ¿No tiene la administración del Estado funcionarios expertos en las distintas materias? ¿No tienen ya los ministros suficientes asesores fijos y bien pagados en sus respectivos ministerios?

            En realidad los comités de expertos sirven de poco; nuestros gobernantes ya saben -aunque dijeran lo contrario en la campaña electoral- lo que quieren hacer con las pensiones, con la educación pública, con la sanidad y con los impuestos. Sus verdaderas intenciones ya están formuladas en las recomendaciones de las instituciones europeas, el FMI, el Banco Central Europeo... la troika, dócilmente incluidas en los distintos planes de reformas iniciados con el gobierno anterior y agravados -sí, van a agravar los males de la sociedad española-  en los del presente. Por eso, cuando lo que dicen los expertos no interesa, se hace lo contrario: véase en este enlace un ejemplo: Wert decide hacer lo contrario de lo que le recomiendan los expertos en materia de becas.

            Entonces, ¿qué sentido tiene esta multiplicación de comités de expertos?

¿Quién sigue a quien?

            Jürgen Habermas, ya en 1968 estableció sólidamente la afirmación de que no existe conocimiento desinteresado, sino que el conocimiento humano se configura necesariamente de acuerdo a los intereses del conocimiento: el técnico, propio de las ciencias  de la naturaleza y técnicas que se expresa con su lenguaje propio, fisicalista (medidas, datos..), el práctico, propio de las ciencias sociales y humanas que se traduce en un lenguaje intencional, (categorías morales, libertad, justicia...). No existe, dice Habermas, una “teoría pura”, como estos comités de expertos nos quieren hacer creer, es más «Que el interés sea reprimido [esto es, ocultado, disimulado] es algo que sigue formando parte de este mismo interés.» (Ciencia y técnica... 167) ^1.

            Explica Habermas que en la pretensión, digamos intelectualmente honesta, de una teoría pura, pretensión característica de la filosofía clásica, se escondía un tercer tipo de interés: el de encontrar en el contexto del orden cósmico el prototipo para la ordenación del mundo humano (Ciencia y técnica... 167), que será lo que él llamará enseguida el interés emancipativo. Ese interés debe estar explícitamente presente en las ciencias orientadas hacia la crítica de la realidad y que, a partir de la reflexión sobre el hombre mismo, se encaminan hacia la liberación de todas las situaciones de dominación. De este modo, las ciencias de la acción (economía, sociología, política...), que deben tener esta orientación crítica, deben elaborar sus teorías expresa y manifiestamente para desbrozar el camino a la humanidad hacia un orden vital en el que las personas se vean libres de lo que el autor llama poderes hipostasiados, fuerzas de dominación que están por encima y fuera de control de los individuos.

            Con esto llegamos a una primera conclusión: el comité de expertos presenta su informe como una teoría pura, neutral, que obedece a leyes científicas ajenas a cualquier tipo de interés. Pero esa pretendida neutralidad esconde el verdadero interés: reprimir el interés emancipativo. Hablando con claridad: el pretendido desinterés de estos informe esconde el interés por mantener el dominio de los poderes financieros sobre la sociedad. Por eso se oponen o desprecian otras teorías que, con el mismo o aún mayor rigor científico, se presentan sin esconder el interés con el han sido elaboradas, tratando de empujar a la sociedad hacia un orden más justo, más equitativo, más verdaderamente humano.

            Prueba de esto es la composición del comité y las relaciones de sus miembros con la banca y las compañías de seguros. He aquí la primera razón por la que el presidente del comité de expertos en pensiones ponía tanto énfasis al afirmar que su informe era técnico, no político. Aunque no deje se resultar sorprendente ver al pie de dicho informe la firma de algún miembro ligado a los sindicatos.

            La verdadera utilidad de estos comités es hacer uso de la ciencia, del presunto conocimiento y de la técnica para justificar las decisiones políticas y, sobre todo, la desigualdad y la injusticia, es decir usar la ciencia como instrumento de legitimación de la opresión.

            H. Marcuse y J. Habermas analizan los instrumentos de legitimación de la dominación en un momento en que en los países más desarrollados el proceso de crecimiento parecía imparable. El primero en El hombre unidimensional y el segundo en Conocimiento e interés y en Ciencia y técnica como “ideología” ponen de manifiesto que, para legitimar la dominación que los poderes político y económico ejercen sobre la mayoría de la sociedad, ya no se utiliza el recurso al carácter natural de las leyes de la economía -en esa época, en los Estados más avanzados de Europa, en los que gobernaban partidos socialdemócratas la intervención estatal en la economía tenía un peso decisivo- sino la racionalidad de las decisiones que se adoptaban. Estas decisiones no podían ser otras, sino que venían exigidas por su carácter racional. Esto suponía sustraer a la sociedad el debate político, la discusión acerca de las decisiones que el poder adoptaba especialmente en el ámbito de la economía: estas decisiones son las que exige la ciencia y es, por tanto, a los científicos a quienes compete indicar  cuales deben ser estas. De esta forma, «...la fuente tangible de explotación desaparece detrás de la fachada de racionalidad objetiva. ... y el velo tecnológico oculta la reproducción de la desigualdad y la esclavitud» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 62)². Marcuse, dice Habermas está convencido de que «en nombre de la racionalidad lo que se impone es una determinada forma de oculto dominio político» (Ciencia y técnica... 54)

            En la época en la que escribía Marcuse el progreso parecía imparable. El mundo desarrollado estaba rehaciéndose del desastre de la segunda guerra mundial y el futuro siempre aparecía como algo mejor que el presente y, por supuesto que el pasado. Pero su razonamiento me parece que sigue siendo perfectamente válido: «Hoy, la dominación se perpetúa y se difunde no sólo por medio de la tecnología sino como tecnología, y la última provee la gran legitimación del poder político en expansión, que absorbe todas las esferas de la cultura.

            En este universo, la tecnología también provee la gran racionalización para la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad «técnica» de ser autónomo, de determinar la propia vida. Porque esta falta de libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien como una sumisión al aparato técnico que aumenta las comodidades de la vida y aumenta la productividad del trabajo. La racionalidad tecnológica protege así, antes que niega, la legitimidad de la dominación y el horizonte instrumentalista de la razón se abre a una sociedad racionalmente totalitaria.» (H. Marcuse, El hombre unidimensional, pg. 186).

            A partir de estas ideas de Marcuse, Habermas, en la misma línea llega a la conclusión de que, en las sociedades de capitalismo avanzado la Ciencia y la Técnica son la nueva ideología que legitima el poder político opresor. La Ciencia y la Técnica favorecen una permanente y constante revalorización del capital, lo que permite una elevada tasa de crecimiento económico lo que, a su vez, favorece un fuerte incremento del consumo y esto es lo que las masas quieren, ose les hace querer. El desarrollo científico aparece así como la variable de la que depende todo lo demás por lo que no tiene sentido someter a discusión en el ámbito de la ética o la política las decisiones que se deben tomar en el ámbito institucional y las masas quedan despolitizadas: «La despolitización de la masa de la población, que viene legitimada por la conciencia tecnocrática, es al mismo tiempo una objetivación de los hombres en categorías tanto de la acción racional con respecto a fines como del comportamiento adaptativo: los modelos cosificados de la ciencia transmigran al mundo sociocultural de la vida y obtienen allí un poder objetivo sobre la autocomprensión. El núcleo ideológico de esta conciencia es la eliminación de la diferencia, entre práctica y técnica —un reflejo, que no concepto, de la nueva constelación que se produce entre el marco institucional depotenciado y los sistemas autonomizados de la acción racional con respecto a fines.» (Ciencia y técnica... 99 -el subrayado es mío).

            Si en la época de Marcuse y de Habermas el incremento del consumo, la aspiración a tener más y consumir más era lo que favorecía la despolitización de las masas y la utilización de la Ciencia como ideología, ahora se pretende lo que juegue ese papel sea el miedo a perder lo que se tiene: miedo a que el país entre en bancarrota, miedo a que se venga abajo el sistema de pensiones, miedo a que sea imposible mantener el sistema de salud..., miedos todos ellos que encuentran su fundamento en los informes “desinteresados”de los expertos.

  

¿Para  quién, para qué trabajamos?

          Y esta es la segunda conclusión: los comités de expertos no son más que una añagaza, un truco para arrebatar a la sociedad el debate sobre sus propios problemas y la capacidad para escoger las soluciones a los mismos. Si el problema es un problema científico, dejemos a los sabios que hablen y adoptemos sin más crítica la decisión que ellos nos ofrezcan. Ni la política ni la ética (la dimensión práctica en palabras de Habermas) tienen nada que decir. Y, elegidos “bien” los expertos, acabarán diciendo lo que al poder financiero le interesa. Como decía José Luis Sampedro, «hay dos tipos de economistas: los que trabajan para que los ricos sean más ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres». 

            En este sentido es significativo el punto de vista del único miembro del comité de expertos sobre pensiones que se ha opuesto al informe final que califica las propuestas de dicho informe, en caso de que se pusieran en práctica, como un fraude social intolerable y, al mismo tiempo, pone en duda la posibilidad de un informe desinteresado sobre las pensiones.

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1. Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 1984.

2. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993