Cuando la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) comenzó su campaña conocida con esa palabreja que da título
a esta entrada, y sólo con la información primera proporcionada por los medios
convencionales, pensé que deberían evitar la visita a los domicilios
particulares. Al escuchar las explicaciones de los representantes de dicha
organización y, al ver al mismo tiempo las reacciones de los bien-pensantes de
este país -bien-pensantes de derecha y de otros partidos que se llaman de
izquierda- he concluido que no es justo hacer ningún reproche serio a esta
campaña.
De todas formas, no voy a defender
los escraches. Ya se defienden y con sólidos argumentos los miembros de la PAH.
Lo que pretendo es proponer algunas sugerencias a sus “víctimas” para que
puedan neutralizarlos democrática y civilizadamente (y no como propone un tal
Sigfrid Soria, que parece muy enfadado).
Aquí van algunas sugerencias:
1. En primer lugar, los parlamentarios del
PP y de los demás partidos parlamentarios podrían aceptar -todavía están
a tiempo- la invitación de la PAH: acudan a sus reuniones, escuchen las
historias reales que les quieren contar los protagonistas de esta
continuada tragedia que son los
desahucios, acérquense a sus representados y, después de conocerlos a ellos y
sus problemas, represéntenlos de verdad.
2. En segundo lugar, podrían invitar a
los promotores de la ILP para que hablaran en el parlamento, para que
participaran de algún modo en los debates de la ILP y se dirigieran a los
parlamentarios y les explicaran las razones por las cuales defienden las
medidas incluidas en la iniciativa. Nada más democrático que esto: que los
representantes del pueblo escuchen las razones de algunos miembros de ese
pueblo, más aun si esos ciudadanos están respaldados por 1.500.000 firmas de
otros tantos miembros de ese pueblo al que los parlamentario dicen y están
obligados a representar.
3. Otra medida que podrían implantar:
hacer público un horario de atención al votante y habilitar un lugar en
sus respectivas circunscripciones para atender a los ciudadanos a quienes dicen
representar. Y, lógicamente, obligarse a estar presentes y a atender en ese
horario a quienes les solicitaran una entrevista.
Con cualquiera de estas medidas,
quedarían sin justificación esas actividades que a los parlamentarios del PP y
a tantos bien pensantes de nuestro país les parecen improcedentes. A mí mismo
me parecería un error acudir a los escraches para informar a los parlamentario
si los estos aceptaran recibir la información por alguno de los medios
anteriormente descritos.
Pero en lugar de adoptar alguna de
estas medidas, las fuerzas vivas de nuestro país han optado por desacreditar a
los líderes de esta organización: son violentos, usan medios parecidos a los de
los terroristas de ETA e, incluso, apoyan a los amigos de ETA. Y esto con
referencias estrictamente personales, como hicieron la delegada del gobierno en
Madrid y otros dirigentes del PP.
Esto sí que responde a una estrategia
perversa, pero que entra en la lógica de esta manera de ejercer el poder:
se gobierna mejor contra los violentos. Se justifica mejor la injusticia cuando
esta se ejerce contra los violentos. Por eso se exagera la más mínima salida de
tono, o se tergiversa malintencionadamente cualquier declaración o,
simplemente, se confunde intencionadamente.
Hace unos días, en un programa de
televisión, los tertulianos profesionales -¡incluso los que se presentaban como
progres !- aconsejaban o exigían
a los representantes de la PAH que abandonaran los escraches, que no se
acercaran a los domicilios particulares de los parlamentarios, que, si seguían
haciéndolo perderían toda la razón que tienen y que ellos -¡incluso los
tertulianos más conservadores!- afirmaban compartir. Pero, ¿cómo se va a perder
la razón? El sufrimiento de los desahuciados, el dolor de los que han sido
puestos en la calle siguiendo un procedimiento que recientemente ha sido
declarado ilegal, el derecho a una vivienda digna reconocido en la Constitución
Española que dice literalmente en su artículo 47 que «Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación.» ... esa razón ¿cómo
la van a perder?
¿Cómo van a perder la razón, si se
trata de un derecho inherente a hecho de ser persona, reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que en sus artículo 25.1
dice: «Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.»?1
Pero es que, además, las acusaciones
de los bien-pensantes son falsas: entregar una carta en el domicilio de un
parlamentario o poner pegatinas en su puerta recordándole que SÍ SE PUEDE
legislar en favor del pueblo ESO NO ES
VIOLENCIA. Y no ha sucedido nada más que eso, aunque los voceros del PP se empeñen
en hacernos creer lo contrario. Quizá algún grito poco afortunado... nada más.
Y nada menos. Pero hay que presentar al enemigo como perverso para poder así
justificar la propia perversión2.
Hace unos meses tuve la oportunidad
de asistir a una conferencia de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Refiriéndose
a los desahucios, que afectan a muchos de sus compatriotas, inmigrantes en España,
dijo algo que parece una obviedad: la tarea de gobierno consiste en armonizar
la posibilidades y las necesidades de una sociedad; no tiene, por tanto,
sentido que en la sociedad española se produzcan decenas de miles de desahucios
mientra hay millones de viviendas vacías.
Pero al gobierno español no le hacen
falta recomendaciones de nadie. Le bastaría con ejecutar lo que manda la
constitución, pues esa es la función del gobierno, del ejecutivo: ejecutar las
leyes. Y si no...
«Hay una manera más en la que un
gobierno de este tipo puede disolverse, y es cuando el que tiene el supremo
poder ejecutivo descuida abandona ese cargo, de tal modo que las leyes que ya
han sido hechas dejan de ponerse en ejecución. Esto resulta en una palmaria y
total anarquía que equivale a una completa disolución del gobierno. Porque las
leyes no se hacen para sí mismas, sino para ser, mediante su ejecución, los
lazos que sujetan a la sociedad y que mantienen en su lugar y función debidas a
cada miembro del cuerpo político.»3
Por
eso quiero, para terminar, hacer una última sugerencia:
Dado que parece que no pueden, no
saben o no quieren cumplir con lo establecido en nuestra “Carta Magna”, dado
que consideran que el haber ganado las elecciones y, gracias a una ley
electoral perversa, haber han conseguido
la mayoría absoluta, les da derecho a
legislar sin tener en cuenta el verdadero sentir del pueblo y están convencidos
de que, como declaró el presidente del gobierno, que “aunque están haciendo lo
contrario de lo que prometieron hacer, están haciendo lo que consideran que es
su deber”, deberían aprender de la muy denostada por ellos democracia
venezolana y aprobar una ley que permitiera a los ciudadanos exigir, en la
forma y según el procedimiento que se estableciera legalmente, la convocatoria
de un referendum para revocar el mandato de quienes pueden haber perdido
la confianza que se les otorgó por estar traicionando en su acción de gobierno
las promesas que hicieron en campaña electoral.4
Atrévanse. Si son verdaderamente demócratas,
denle la palabra al pueblo; sin trucos. Y obedezcan al pueblo cuando éste se
exprese.
Seguro que si existiera esta
posibilidad los participantes en los escraches, en lugar de ir a “molestar” a
los parlamentarios a la puerta de su casa o a cualquier otro sitio, preferirían
dedicar su esfuerzo a promover una consulta de este tipo, un referendum
revocatorio, para que la ciudadanía los mandase definitivamente ...a casa.
P.D.
Por supuesto que me he adherido a la
petición. Los que así lo deseen pueden firmar la propuesta pulsando en este enlace.
1. Está
claro que la inviolabilidad del domicilio, también recogida en la Declaración y
en nuestra constitución es una garantía fundamental del sistema democrático.
Pero, en buena lógica, el derecho a poseer un domicilio tiene que ser anterior;
y es ese derecho el que defienden los que practican los escraches. Y, además,
no hay ningún caso en el que se pueda decir que se ha atentado contra la
inviolabilidad del domicilio.
2.
Siempre que se produce un intento
de criminalizar a los que protestan contra las injusticias perpetradas por el poder -político, económico o de
cualquier otro tipo- me vienen a la memoria algunas estrofas de una canción que
yo escuché en mis años de estudiante en el extranjero. La cantaba Soledad
Bravo, aunque después supe que su autor era un cantautor español, Chicho Sánchez
Ferlosio:
Nos juzgan
y condenan
en nombre
de la paz
cada vez
que pedimos
justicia y
libertad.
Pero la
paz tú eres
y con
ellos no estás,
que vuelas
con nosotros
paloma, paloma de la paz.
3.
John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil § 219. Cito esta obra de Locke no porque yo
comparta todas sus ideas, que en su momento constituyeron, sin duda, un avance
importante, sino porque nuestros gobernantes se autodenominan “liberales”. Y ya
quisiera yo que su liberalismo se acercara algo al del que muchos consideran
padre del liberalismo político.
4.
Esta medida, recogida en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 72 no es
una medida inspirada en ningún revolucionario de extrema izquierda. Su
justificación teórica está ya contenida en el § 240 del citado Segundo
Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke: «Es probable que en este
punto surja la pregunta acostumbrada: ¿Quién podrá juzgar si el príncipe o el
cuerpo legislativo están actuando en violación de la con fianza que se depositó
en ellos? ... Y, respondo: el juez habrá de ser el pueblo; pues ¿quien podrá
juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha
encomendado, sino aquél que le ha encomendado la misión y conserva todo el
poder de destituirlo cuando el depositario del encargo no lo cumpla? Si esto
resulta razonable cuando se trata de casos entre individuos privados, ¿por qué
no habrá de ser también así en asuntos de máxima importancia en los que el
bienestar de millones puede ser afectado y en los que el mal, si no es evitado,
es mucho mayor, y la reparación es muy difícil, costosa y arriesgada?»
